Sistema General de Participaciones y descentralización

En estos días se ha generado una discusión de gran envergadura a raíz del proyecto de Acto Legislativo, el cual, que después de su último ajuste, pretende llevar las transferencias a las regiones de un 24% en al, hasta un 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación, que como se ha dicho hasta el cansancio, es un acto de irresponsabilidad que llevaría al Estado a su inviabilidad fiscal, acabaría con la inversión y haría impagable la deuda pública.

Sin embargo, la discusión desde un principio ha estado mal enfocada; el tema central debe ser la distribución de competencias, pero el punto de partida debe ser la revisión de las hoy asignadas.

El actual Sistema General de Participaciones SGP está enfocado en destinar recursos a la atención en salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Es en esto se debe hacer un alto en el camino, revisar y analizar la conveniencia de las competencias que recaen en las entidades territoriales frente a estas importantes responsabilidades.

En materia de educación, la respuesta es muy sencilla, las entidades territoriales no tienen la más mínima autonomía. Es el Gobierno Nacional en una difícil discusión con Fecode, quien define el contenido, asignaturas, calendario y demás elementos del sistema escolar; establece la carrera docente, los estímulos, escalas salariales, ascensos y demás aspectos relacionados con el Magisterio, para posteriormente decirle a las entidades territoriales que con los recursos que le fueron asignados les pague lo que el Gobierno convino

. Los convierte en simples administradores de la nómina. No existe la posibilidad de que los alcaldes o gobernadores prioricen en programas de acuerdo con sus necesidades ni establezcan políticas de calidad y asensos. No existe descentralización real.

En el sistema de salud ocurre exactamente lo mismo, es el Gobierno Nacional el encargado de determinar el plan de beneficios en salud-PBS, sus componentes, tratamientos, medicamentos, tecnologías y demás elementos, determina el valor de la Unidad de Pago por Capitación-UPC y los presupuestos máximos de recobro por todo aquello que se encuentre por fuera del esquema de aseguramiento y debe ser asumido por el Estado.

En este caso, nuevamente, las entidades territoriales actúan como simples pagadores, pero no tienen responsabilidades de política pública, ni siquiera en la definición de necesidades en su jurisdicción. Tampoco existe una efectiva descentralización.

Bajo esta realidad que no pretendo estigmatizar, pero si poner en evidencia, pues no creo que debamos tener atomizado el servicio educativo y de salud y que la política debe diseñarse para todo el territorio nacional, debemos llegar a la conclusión de sustraer estas competencias de las entidades territoriales, frente a las cuales no participan en la toma de decisiones y dejarlas en cabeza del Gobierno Nacional, como hoy efectivamente ocurre, y trasladarle los recursos para tal fin.

Señores alcaldes y gobernadores, sí reconocemos que estas competencias deben recaer en el Gobierno Nacional, podremos diseñar un nuevo sistema de responsabilidades y un nuevo SGP en el cual, las entidades territoriales tengan una efectiva autonomía y puedan transformar las realidades de sus territorios.

Debemos permitir que las entidades territoriales sean las responsables de la inversión en su jurisdicción, de llevar los servicios públicos a los hogares, de asignar recursos para esa última milla en materia, de agua, conectividad, energía y demás.

Que puedan construir esa infraestructura física que requieren y aportar para los programas de vivienda. Si cambiamos el enfoque y generamos capacidades podemos hablar de real descentralización y de efectos tangibles en la población. Es hora de dar el debate real, los recursos que ustedes reclaman deben ser para inversión en los cuales tengan la real autonomía. Es mejor menos recursos y mayor autonomía. La discusión que están hoy liderando, no es por ahí.