SOS Colombia. Nos estamos muriendo

La situación observada en estas últimas semanas en materia de salud es absolutamente inaceptable; la vida de los colombianos está en riesgo y la salud hoy dejó de ser un derecho para convertirse tristemente en un privilegio. El tan mencionado cambio prometido por el Gobierno, ha logrado equiparar las condiciones de los colombianos e igualar las condiciones, pero por lo bajo. Estamos repartiendo pobreza, logrando un país en el que prima el nuevo concepto de “mayor equidad”, pues ya todos padecemos el colapso del sistema de salud y tenemos que sacar recursos de nuestro bolsillo para adquirir una medicina o acceder a un tratamiento.

Las deudas del Gobierno tienen al borde del colapso el sistema de salud poniendo en riesgo la vida de los colombianos y, por si fuera poco, muy cerca al punto de la quiebra y agonizando a todos los actores que en este intervienen. Más grave aún resulta el hecho de que el Presidente se ha dedicado a estigmatizar a los actores del sistema, graduándolos de acaparadores, traficantes de la salud, mafiosos, responsabilizándolos de la muerte de los ciudadanos y llamándolos asesinos. No nos llamemos a engaños, el único responsable de la crisis del sistema de salud es el Gobierno Nacional, al pretender que las farmacéuticas entreguen medicamentos gratis, que los gestores autoricen procedimientos y medicamentos contra su patrimonio y que las entidades promotoras atiendan a los pacientes sin recursos y sin capacidad.

El Gobierno pretende estatizar todo el sistema de salud, universalizando la pobreza, la ineficiencia, las filas eternas, la desidia de los funcionarios y, más peligroso aún, la corrupción del sistema y la necesidad de una influencia para acceder a una cita, un tratamiento o un medicamento. Volveremos al Seguro Social. Para lograr su propósito, además de asfixiar financieramente a las empresas, utiliza a las superintendencias para presionar y amedrentar a los operadores privados, con el fin de expropiar de forma indirecta las empresas a través del mecanismo de la intervención. Los resultados son concluyentes, cada EPS intervenida presta un peor servicio, tiene más quejas y es manejada sin ningún criterio técnico y sus recursos desaparecen.

Desconociendo el Estado de Derecho, el Presidente ordena a la Fiscalía y a los Jueces procesar a los dispensadores de medicamentos y efectuar allanamientos arbitrarios a las empresas, por no entregar los medicamentos o no prestar los servicios, es decir por no regalarlos. Se burla de las decisiones de la Corte Constitucional que le ordenan ajustar la UPC, despide a los funcionarios técnicos que con cifras le demuestran el riesgo en que está poniendo a la población por no dotar de los recursos necesarios al sistema de salud.

El efecto en la vida de los colombianos y en la salud de la población será incalculable, el daño que generará en nuestra sociedad será irreparable. Hoy, recuerdo cuando los jóvenes salían con todo el ímpetu a marchar y gritaban en las calles NOS ESTÁN MATANDO, esos jóvenes tan activos hoy brillan por su ausencia y complacientes con este Gobierno despótico, olvidan sus reclamos y callan.

El tan anhelado crecimiento y repunte de nuestra economía desaparecerá a causa del gasto que los ciudadanos tendremos que hacer para tener acceso a medicamentos, tratamientos y especialistas. No hay un factor que empobrezca más a la sociedad que destinar gran parte de sus ingresos a la atención de su salud. Los ingresos que se destinaban a la inversión, a la recreación y a la educación, terminarán consumidos por la atención en salud; con esto los ciudadanos serán más pobres, la economía se frenará y los logros sociales que hemos alcanzado se perderán.

Es hora de que toda la sociedad sin distingo de edades, condición económica o creencias, defendamos la vida, defendamos el sistema de salud, defendamos nuestros ingresos y sobre todo le exijamos al Gobierno que respete nuestra vida, nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra sociedad.