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La infraestructura del país y la realización de las grandes obras que se requieren para asegurar nuestro desarrollo se encuentran en el mayor riesgo en que se haya visto en muchos años. El Gobierno Nacional pretende darle una estocada que nos condenará a la parálisis de las obras, la quiebra de nuestro sector privado, la pérdida de confianza de los mercados, la inseguridad jurídica, y a innumerables demandas en contra del Estado. Todo esto debido a que el Gobierno, actuando contrario a la ley después de haber vulnerado la voluntad del Congreso respecto del presupuesto, ahora para justificar su incompetencia, pretende desconocer y renegociar las vigencias futuras otorgadas por el Estado.
Las vigencias futuras, para mayor claridad, consisten en la afectación de presupuestos de años posteriores al mismo en el que se adquiere la respectiva obligación. Son el mecanismo por medio del cual el Estado reconoce una obligación de pago futuro para la construcción de una obra o la prestación de un servicio; han sido el mecanismo por el cual se han contratado las grandes obras de infraestructura que por su magnitud se realizan a lo largo de varios años. Se constituyen en una deuda del Estado, que tal y como indica la ley orgánica de presupuesto, debe ser incluida en cada uno de los presupuestos de manera prioritaria. Dejar de honrar las vigencias futuras es equivalente a no pagar la deuda pública.
Los efectos del anuncio del Ministro de Hacienda al mencionar que las vigencias futuras no quedaron incluidas en el decreto de liquidación del presupuesto y que las mismas serán renegociadas, es de tal magnitud que pone en riesgo el desempeño de toda la economía.
El efecto inmediato consiste en la parálisis de las obras que hoy se financian bajo este mecanismo, ya que las entidades no podrán pagar las obligaciones previamente adquiridas y como consecuencia, los contratistas no seguirán construyéndolas al no tener como ejecutarlas, pues para su realización, debieron acceder al sistema financiero nacional e internacional con el fin de adelantar los recursos que el Gobierno aseguró les pagaría. Adicionalmente, al estar debiendo los mismos tanto a sus financiadores como a sus trabajadores y proveedores, entrarán en mora y el riesgo de quiebra será inminente. El sistema financiero tendrá unos créditos que no puede cobrar y sus estados financieros se deteriorarán, generando un alto riesgo al sistema y un incremento en las tasas de interés.
A mediano plazo, nadie se comprometerá a desarrollar una obra si no existe certeza de su pago oportuno y del cumplimiento de los contratos, su costo será aún mayor puesto que los intereses que se cobrarán serán más altos por el riesgo que implica la falta de seriedad del Gobierno. Esta incertidumbre se trasladará a la deuda pública dado que los mercados verán que Colombia es un mal pagador y no honra sus obligaciones; Se afectará la calificación de riesgo, se restringirá el acceso al crédito y, en consecuencia, no habrá obras públicas y se perderá la inversión.
Al afectarse los principales activos del país, como lo han sido la confianza de los mercados en el pago de su deuda, la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos, perderemos la capacidad de realizar las obras de infraestructura, se frenarán la inversión pública y privada, se generará un mayor desempleo, tendremos un menor crecimiento económico, así como una disminución de ingresos para el Estado a raíz de la reducción en el recaudo de impuestos. En consecuencia, al vernos en la incapacidad pagar la deuda pública, pues esta será más costosa y se tendrán menos recursos para tal fin, se pondrá gravemente en riesgo la estabilidad fiscal.
Es hora de que el Gobierno reconozca y admita su grave error al liquidar el presupuesto, de que el Congreso levante la voz y exija que se respete su voluntad; es inaceptable que por esconder su pecado estén poniendo en riesgo el futuro de todo un país. Es hora de cumplir la ley.
