Vivir en el caos

En los últimos días hemos asistido con preocupación a un espectáculo sin precedentes en el que cada capítulo genera mayor zozobra y resulta de mayor irresponsabilidad que el anterior, el Gobierno Nacional está empeñado en destruir la institucionalidad, acabar con la confianza de los ciudadanos, eliminar la iniciativa privada, marchitar la economía y acabar con la salud. El caos se ha convertido en nuestra nueva realidad.

Las declaraciones del Ministro de Salud relacionadas con la atención de la pandemia del covid-19 y el plan de vacunación, en el sentido de afirmar de forma irresponsable que los colombianos y en especial “los indígenas, los negros y los más pobres, hemos sido un experimento de las farmacéuticas”, poniendo en duda su eficacia, se constituyen en una afrenta a la salud, la ciencia y la medicina, tanto que la OPS tuvo que salir a desmentirlo y a defender el proceso de vacunación que se adelantó en el país y en el resto del mundo, manifestando que estas contribuyeron a disminuir las muertes y hospitalizaciones. ¿Qué puede pensar un ciudadano si quien dirige la política en materia de salud pone en duda la ciencia y la vacunación?
A su vez, esta semana, el Ministro de Hacienda en el trámite de la reforma a la salud, desconociendo su obligación legal que le exige emitir un concepto de viabilidad fiscal frente a los proyectos de ley que crean gastos adicionales y consiste en manifestar si dentro de las cuentas del Estado se puede asumir ese nuevo gasto, o si se están generando fuentes alternativas de ingreso para cubrirlo, presentó un escenario según el cual en los próximos cinco años la reforma implica una gasto adicional superior a los 50 billones de pesos sin que exista en el marco fiscal fuente para sufragarlo. Es decir, no hay con que pagarlo. En su documento, además de no cuantificar los riesgos financieros, afirma que de aprobarse la reforma, se acabará el esquema de aseguramiento. Quieren destruir un pilar de la sociedad que el país ha construido a lo largo de 30 años. Esto solo conducirá a poner en riesgo la vida de todos nosotros.

Por su parte, en los últimos días, el Presidente de la República, ha desconocido la institucionalidad y la separación de poderes al poner en tela de juicio la decisión de la Corte Constitucional de declarar la inexequibilidad de la no deducibilidad de regalías en el impuesto de renta, manifestando que la Corte le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y que esto es un retroceso para nuestro país, para posteriormente anunciar en tono de retaliación el recorte del presupuesto tanto del Congreso como de la Rama Judicial.

Igualmente, en días recientes se presentó un choque entre el Presidente y la Alcaldesa de Bogotá, cuando el primero se negó a recibir un centro de reclusión a menores bajo el argumento personal, de no querer ver a menores de edad privados de la libertad, desconociendo el mandato constitucional que tiene como Presidente de la República que es el apego y respeto irrestricto a la ley. En efecto, hoy la ley le impone esta medida a los menores de edad que cometan delitos y no puede un capricho del gobernante decidir no cumplirla. De no compartirla, el Estado de Derecho le permite tramitar un proyecto de ley para modificarla, pero mientras eso ocurre tiene que aplicarla. Otra afrenta contra toda la estructura del Estado que adicionalmente pone en riesgo a los menores al permitir que los instrumentalicen las bandas criminales.

Por último, esta semana el Gobierno anunció con gran bombo el primer encuentro con líderes del sector energético y manifestando que se estableció la ruta de transición energética en Colombia, donde brillaron por su ausencia los líderes del sector minero y petrolero, evidenciando las retaliaciones del Gobierno a estos sectores por un fallo judicial en el que primó el respeto por la Constitución. Hablar de transición sin el sector extractivo es absurdo e insostenible. Muy preocupante la forma de ejercer el poder y de acabar las instituciones.