MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
A propósito de la entrevista publicada el pasado sábado 21 de abril en el Diario La República, en la que entre otros asuntos, comentamos de los efectos del fallo del tribunal de arbitramento que resolvió el conflicto entre el Ministerio de las TICs y los operadores, Movistar y Comcel, sobre la obligación de la reversión de activos de los concesionarios de telecomunicaciones, quisiera compartir algunos datos que pueden ayudar a dar mayor claridad sobre este caso que, sin duda, es de alto impacto e interés a nivel nacional.
El mencionado fallo del tribunal de arbitramento que obligó a las empresas a pagarle al Estado la suma de $4,7 billones no es una multa que se diera como resultado de una decisión de una autoridad administrativa y, por ende, no es resultado de ninguna falta cometida por las empresas.
Por el contrario, este monto equivale, según la interpretación del tribunal, a la valoración de los equipos no revertidos que deberían pagar las empresas en compensación a la Nación, contrario a lo establecido en las leyes de 1998 y 2009.
Más allá de que consideramos que la decisión, además de representar un cambio inexplicable en las reglas de juego, es desproporcionada y no es consecuente con las condiciones de seguridad jurídica necesarias para la inversión en el país; Claro es respetuosa de la ley y las instituciones, y por eso la compañía procedió a dar pleno cumplimiento pagando la descomunal suma de $3.000 millones ¡dentro de los 15 días posteriores al fallo!
Desde luego, y como lo comenté en la entrevista, este pago genera un impacto inconmensurable y por muchos años en la capacidad de inversión de la empresa que fue de US$900 millones por año en el quinquenio de 2012 a 2016.
Es preciso aclarar que la empresa seguirá haciendo las inversiones necesarias para cumplir con los indicadores de calidad y sus compromisos de despliegue de infraestructura. Desde esta perspectiva, la empresa ha redoblado sus esfuerzos para ser aún más eficiente inclusive mejorando sus tarifas y el nivel de servicio a sus usuarios.
Desafortunadamente, este tipo de decisiones afecta las inversiones en las redes en lo que respecta a nuevas coberturas y en la modernización tecnológica de la red. Afecta la capacidad del país de mantener sus niveles de competitividad y, sin duda, la posibilidad de inclusión de los menos favorecidos a la economía digital y por lo tanto en los esfuerzos de reducción de la pobreza.
Este es un momento en que los líderes del sector se verán abocados a revisar la estructura, la política sectorial, las condiciones tributarias y el marco regulatorio para reactivar el sector y estimular la inversión.
