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El registrador Nacional solicitó al Consejo Nacional Electoral recontar la totalidad de los votos emitidos para elegir el Senado de la República, con el propósito de establecer la verdad electoral.
Tal petición se hace sin competencia y desconoce que las autoridades electorales son los jurados de votación, las comisiones escrutadoras y el CNE, a quienes corresponde por ley identificar dicha verdad.
Curiosamente se señala que no hay fraude posible en el proceso, justamente porque las comisiones escrutadoras territoriales han corregido las inconformidades en la tramitación de los formularios E-14 respecto de los tarjetones efectivamente sufragados, pero a la vez se indica que el camino es recontar la totalidad de los votos, como si las decisiones adoptadas por los más de 5.000 escrutadores, representados por funcionarios judiciales, carecieran de valor o estuvieran viciadas.
Se olvida de otro lado que el proceso electoral es reglado, esto es, que su trámite se rige por normas que definen los procedimientos, sin espacio para la discrecionalidad.
Desde las mesas de votación, los candidatos, sus representantes o testigos electorales, tienen el derecho de presentar reclamaciones, lo mismo que pueden hacer ante las comisiones escrutadoras, dejando evidencia de las fallas o errores cometidos en cada mesa. El Consejo Electoral resuelve en última instancia esas reclamaciones, las cuales deben estar soportadas y tramitarse dentro de las instancias previas de revisión.
El nuevo código electoral plantea la posibilidad para que el CNE revise los escrutinios, de oficio o a solicitud de interesados legitimados, siempre y cuando se presenten incumplimientos de las comisiones escrutadoras o hechos que puedan afectar la voluntad electoral.
Abrir paso a un reconteo general, basado en aseveraciones genéricas, cuando la justicia electoral ha adoptado decisiones en curso del escrutinio, es inviable.
Corresponde al Consejo Nacional Electoral consolidar y validar los escrutinios, revisar las reclamaciones pendientes y acreditar la verdad electoral resultante del proceso, sin que proceda jurídicamente una actuación de reconteo general, a menos que haya una decisión judicial que la ordene. Tampoco es asunto que corresponda a la Comisión Nacional de Garantías Electorales.
Lo anterior además implicaría adoptar medidas adicionales en materia de cadena de custodia y definir un procedimiento general y auditable, que carece de sustento normativo.
Se trata de una inédita y peligrosa petición que en lugar de favorecer la confianza ciudadana, abre una brecha insalvable en materia de legitimidad electoral.
Quienes han planteado errores o desviaciones entre el preconteo y los escrutinios, han tenido el derecho de alegar sus inconformidades y el proceso electoral ha funcionado. Pretender desvirtuar esa actuación de los escrutadores, señalando que en todo caso no hay fraude porque está en curso el proceso, es ilógico y riesgoso, pues busca reabrir un escrutinio que está en vía de consolidación y crea una instancia adicional en el proceso electoral, sin que esté contemplada jurídicamente.
Auspiciar la polarización del país mediante fórmulas que no están previstas en las reglas de juego democrático, representa un salto al vacío que deslegitima a la organización electoral y siembra dudas sobre su capacidad de responder al reto de una elección presidencial en ciernes.
Es hora de actuar con mesura cívica. Se demanda un liderazgo de las autoridades capaz de clarificar lo ocurrido y consolidar la institucionalidad, para no favorecer a quienes buscan la desestabilización, como camino para triunfar o para evitar que otro gane.
La democracia exige reconocer que cualquiera puede vencer en las urnas, negar esa condición niega su esencia y compromete la estabilidad de una sociedad que por encima de sus dirigentes da testimonio de convicción democrática. Tan importante como votar es confiar en las urnas. Que no se pierda ese capital en Colombia.
