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En un escenario ideal el país no tendría que escoger entre la reactivación económica (después de un año de crisis a raíz de las medidas adoptadas para combatir el covid-19) y las reformas fundamentales (tributaria, pensional y laboral) que Colombia necesita desde hace más de una década. Pero desafortunadamente en el contexto económico y político actual, lo más práctico y conveniente sería priorizar la reactivación sobre las reformas y dejar estas últimas para el nuevo gobierno (que arranca en menos de un año y medio).
La mayoría teníamos la esperanza que al menos dos de las tres reformas hubiesen sido tramitadas en 2019. La crisis sanitaria solo comenzó en marzo de 2020 y para esa fecha, ya el Gobierno había dejado pasar un año y medio sin impulsar las reformas estructurales. De la primera que desistió fue de una reforma tributaria estructural (a finales de 2018) cuando en el último trimestre de ese año el Ministerio de Hacienda impulsó una reforma tributaria parcial bajo una ley de financiamiento (aduciendo un faltante para financiar el presupuesto del 2019, que se hubiese podido cubrir con otras fuentes sin modificar el Estatuto Tributario.) El afán de la cartera de Hacienda con esa reforma parcial llevó a que se cometieran vicios de forma durante el trámite en el Congreso, y la Corte Constitucional no tuvo otra alternativa que declararla inconstitucional.
A finales de 2019 el Gobierno presentó nuevamente una reforma tributaria parcial (que incluía lo aprobado en el 2018 más nuevos artículos que garantizaran los votos en el Congreso). En ese momento, el ministro Carrasquilla aseguró que esa era la última modificación que se le introducía al Estatuto Tributario bajo el gobierno Duque. Hoy, un año y medio después de esa promesa, el ministro de hacienda se prepara para presentar una tercera reforma tributaria parcial (bajo un nuevo nombre “reforma social, solidaria y sostenible”) y por lo que se conoce hasta el momento, no resuelve los dos grandes problemas (equidad y eficiencia) que presenta el Estatuto Tributario desde hace varias décadas, sino que por el contrario en ciertos casos (como en el tema del IVA y la renta de las personas naturales) los profundiza.
Obviamente, la crisis sanitaria y económica generada por el covid-19 no es culpa del gobierno y fue un evento extraordinario e imprevisible, pero si era responsabilidad del gobierno haber planificado sobre escenarios probables y no sobre escenarios deseables o ideales. Por ejemplo, a comienzos de la crisis (marzo/abril 2020) el escenario que el Gobierno le presentaba al país era que, con las medidas tomadas, la recuperación económica arrancaría en el segundo semestre del 2020, luego estimó que esa reactivación solo acontecería en los últimos cuatros meses del año.
Entendía que el Gobierno quisiera transmitir optimismo, pero al mismo tiempo estimaba (basado en la información disponible a nivel nacional y mundial) que las probabilidades que esa reactivación aconteciera en 2020 eran prácticamente nulas y por eso en estas mismas páginas, en una columna (“modo supervivencia hasta mitad de 2021:”) publicada en junio de 2020 compartía una visión más negativa, pero que era más cercana a la realidad.
Escribí en esa columna de junio de 2020: “Asumiendo que el país cuente con un número significativo de dosis de una vacuna contra el covid-19 en abril de 2021 y se comience una campaña masiva de vacunación, podríamos pensar (bajo esa hipótesis) que en junio de 2021 el país declararía la crisis sanitaria superada dado el número de inmunizados. A partir de esa fecha comenzaría el verdadero proceso de recuperación económica. ¿Cuánto tiempo tomará esa recuperación? Depende del estado en que se encuentre el aparato productivo nacional en ese momento. A mayor deterioro, mayor tiempo nos tomará recuperarnos.” Hoy diez meses después, creo que el número de inmunizados (vía vacunas o infecciones previas) va a ser lo suficientemente alto a finales de junio 2021, para contemplar una reactivación importante a partir del segundo semestre de este año.
Sin embargo, esa reactivación se podría ver frenada con la introducción de una nueva reforma tributaria parcial que no soluciona los problemas fundamentales de eficiencia y equidad, pero que por el contrario puede exacerbar la informalidad y castigar a los contribuyentes (tanto personales naturales como jurídicas) que llevan más de un año en “modo supervivencia”. Es el momento de apostarle a una reactivación fuerte y ojalá el próximo gobierno se la juegue por las reformas estructurales desde el inicio.
