Bioetanol: política para la preservación del ambiente

La producción de bioetanol de caña en Colombia inició desde hace más de 10 años, como respuesta a una política pública que busca promover el desarrollo de energías alternativas, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo rural.

Hoy, gracias a esa política, Colombia cuenta con seis plantas productoras de bioetanol en el Valle y una en el Meta, que han traído desarrollo a lo largo de la cadena de la agroindustria de la caña. Las inversiones en estas destilerías ascienden a más de US$255 millones , producen 450 millones de litros anuales de bioetanol, además generan empleos decentes con salarios justos e irradian riqueza en las regiones de su área de influencia.

El bioetanol ayuda a mitigar los efectos del calentamiento global, ya que reduce las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). El producto colombiano reduce en un 74% estas emisiones, una reducción muy superior si se compara con el obtenido a partir de otras materias primas, como es el caso del maíz, que tan solo reduce el 10%.

Por todo lo anterior, es un producto que contribuye en forma decisiva a los compromisos acordados por Colombia en la COP 21 sobre cambio climático, en la cual, nuestro país se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones de GEI a la atmósfera para el año 2030.

Así las cosas, el Gobierno Nacional, de forma muy coherente con su política ambiental y sus compromisos internacionales, expidió el pasado 27 de septiembre, una resolución que incorpora variables ambientales para el bioetanol que se consuma en el país, sea importado o nacional, con el fin de mitigar la generación de los gases que calientan el planeta.

Este acto normativo, liderado por el Ministerio de Ambiente, estuvo sometido por más de un año a un continuo desarrollo y consulta pública de todas las partes interesadas.

De hecho, este Ministerio, en dos ocasiones, presentó la propuesta regulatoria a consulta nacional y además fue publicada internacionalmente con fines de transparencia ante la OMC por un periodo de tres meses.

Durante el tiempo que estuvo este acto en consulta pública nacional e internacional, las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones, de hecho, el Gobierno de los Estados Unidos que estuvo atento a este proceso, hizo comentarios reiteradamente, los cuales fueron atendidos por el Ministerio de acuerdo con criterios jurídicos y técnicos.

Con todo esto, el Gobierno colombiano, preservó los derechos a la participación ciudadana en las decisiones ambientales, al libre acceso a la información pública y al debido proceso. Fue un proceso digno de admirar, que generaba una garantía para los colombianos que quieren hacer empresa y para aquellos capitales extranjeros que aspiran o desean quedarse en Colombia.

A pesar de que se surtió un proceso sólido y transparente, esta semana se conoció sorpresivamente la modificación de la mencionada resolución, que amplió el plazo para aplicar la norma ambiental por dos meses más, debido a las solicitudes de algunos importadores de etanol y del Gobierno de Estados Unidos.

Es de resaltar que el etanol de ese país, obtenido a partir del maíz y altamente subsidiado, tiene restricciones ambientales a su uso en California, Oregón y Washington. Así mismo, en China, Brasil, Unión Europea, y Canadá (British Columbia) se han impuesto restricciones al uso del etanol proveniente de Estados Unidos.

Resulta paradógico y preocupante que, a pesar de que los sectores ambientales y productivos hemos celebrado la expedición de la resolución que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático y proteger los ecosistemas, se haya optado por diferir la aplicación de esta norma cuando el país está recibiendo una gran cantidad de importaciones de etanol de Estados Unidos; que como bien se anotó, no aportan nada a la reducción de emisiones, que es el propósito de la política ambiental del Estado colombiano.

En este sentido, al país han ingresado un poco más de 47 millones de litros de etanol en lo corrido del año, mientras que el bioetanol colombiano no se consume por los distribuidores mayoristas que son los encargados de mezclarlo con la gasolina y venderla al consumidor final. En consecuencia, el aumento de los inventarios en las destilerías, podría llevar al cese de la producción del bioetanol colombiano.

Si bien la modificación de la resolución del Ministerio de Ambiente aplaza la entrada en vigencia de los estándares ambientales, permanece vigente que, hasta el 29 de septiembre de este año se podía consumir sin el cumplimiento de los estándares ambientales solo el etanol importado que estaba en el país y que hubiese sido registrado y aprobado en la ventanilla única de comercio exterior (Vuce). Se entiende entonces, que los importadores no deberían estar importando más producto que no cumpla con las obligaciones de la mencionada resolución ambiental.

Esperamos que este acto normativo se preserve y no se aplace más su entrada en vigencia o se modifiquen las disposiciones contenidas en él, ya que el país está esperando que verdaderamente se adopten medidas eficaces para controlar la degradación ambiental y contribuir al desarrollo sostenible.