Invertir en el campo sí paga

El sector agropecuario cumple un papel fundamental en la economía colombiana y en la consolidación del tejido social del país. De acuerdo con el DANE, es la principal actividad económica del ámbito rural ya que el 74% de las unidades de producción tienen un uso agropecuario. Durante 2017 fue el sector que más creció y contribuyó en la generación de empleo y representó el 20% de las exportaciones de Colombia. Más de 10 millones de personas derivan su sustento de las múltiples actividades productivas que allí se desarrollan, por lo que el futuro de uno de los sectores clave del posconflicto y del desarrollo del país debe ser prioritario para el próximo presidente.

Su evidente importancia no admite mayor discusión. Buena parte de los debates electorales y los programas de Gobierno han contemplado recomendaciones y lineamientos fundamentales sobre el desarrollo rural como eje fundamental de la política pública. Y aunque se ha avanzado en algunos frentes hay asuntos que requieren toda la atención y deben ser prioritarios para el próximo presidente de Colombia, si es que queremos avanzar en temas como el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el mercado internacional de productos agropecuarios. En este frente, aunque hay experiencias exitosas recientes con productos como el aguacate, la piña y la carne que apuntan en la dirección correcta, lejos están de repetir la historia de otros como el café, el banano, las flores, el azúcar y la palma.

Y es que para 2050, según la FAO, la población mundial superará 9 mil millones de personas, con los consecuentes y evidentes impactos sobre la demanda de alimentos. Siete países están llamados a atender esa mayor demanda, entre ellos Colombia, donde la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, identificó 26 millones de hectáreas con vocación agropecuaria; hoy cultivamos 7,1 millones de hectáreas. ¿Cómo aprovechar esta condición privilegiada y hacer del campo colombiano el motor del desarrollo social y económico del país?

Para dinamizar el campo colombiano y garantizar el éxito en la lucha contra la pobreza, el sector requiere un adecuado sistema de incentivos a la inversión privada, a la usanza de países como Perú. Allí, el dinamismo de la producción y las exportaciones de los últimos años estuvo marcado por un régimen tributario y laboral especial, por la provisión de bienes públicos fundamentales como los sistemas de riego y un eficiente y eficaz sistema sanitario. Este marco jurídico institucional le ha permitido convertirse en uno de los diez proveedores más importantes del mercado mundial de alimentos y materias primas de origen agropecuario. Entre 2004 y 2015 el PIB agropecuario de Perú creció a una tasa promedio anual del 4%.

El próximo presidente de Colombia debe avanzar en la construcción de un marco jurídico institucional adecuado, con reglas de juego claras y estables, que estimulen y dinamicen la inversión privada en el sector agropecuario: una tarifa de renta diferencial, provisión de bienes públicos como la asistencia técnica, la consolidación de un sistema sanitario robusto, una adecuada red vial terciaria, sistemas de riego y adecuación de tierras. Es fundamental contar con un régimen laboral para el campo que reconozca las diferencias salariales entre sectores, que tenga en cuenta los costos asociados al nivel propio de las zonas rurales y que incorpore mecanismos que incentiven y faciliten la migración temporal de trabajadores (asociada a cosechas).

Quien llegue a ser el primer mandatario tiene el reto de convertir en realidad el tan anhelado y clamado aprovechamiento del potencial agrícola del país. Tendrá el reto de demostrar que el campo colombiano puede ser rentable, productivo y pilar fundamental del desarrollo económico, social y ambiental del país.