¿Derechos o deseos?

Los deseos no son derechos. Un derecho es la facultad que tenemos de ejercer un acto o de disponer de algo por decisión propia, sin tener que pedir permiso o autorización. Por lo tanto, los verdaderos derechos son los que le imponen una abstención a los demás, como por ejemplo que los otros nos respeten la vida, la propiedad, la dignidad, la libertad o los contratos. En este sentido, el respeto por los derechos de los demás es nuestro deber y el de las autoridades. En cambio, los deseos son anhelos o aspiraciones hacia algo que se percibe como necesario o deseable, orientando la manera en que usamos nuestros derechos a actuar o a decidir. A diferencia de los derechos, son ilimitados y no podemos ni debemos exigirle compulsivamente a los demás que nos los garanticen.

La dificultad surge cuando se confunden los deseos con derechos que alguien tiene obligatoriamente que respetar y satisfacer. Es lo que sucede con los llamados “derechos sociales”, según los cuales todos los colombianos debemos contar con alimentos suficientes, cuidados de salud, medicamentos, educación, pensiones, viviendas dignas y una larga lista de beneficios. Suena muy bien, poético. Pero la realidad es que se trata de bienes económicos, los cuales, por naturaleza, son escasos. No hay de todo ello para todos todo el tiempo. Hay que pagar por ellos, no son gratuitos, ni caen del cielo, ni los obtenemos automáticamente porque lo proclame una Constitución, una ley, un decreto, una sentencia judicial, un programa de gobierno o un discurso político. Hay que crear suficiente riqueza, como sucede en los países desarrollados, para costearlos. Por eso no pueden ser verdaderos derechos. Son propósitos loables de una comunidad civilizada.

Disfrazar deseos como derechos provoca tres efectos perversos. El primero es una gran pérdida de credibilidad en las instituciones y en la misma Constitución, como resultado de la obvia contradicción entre lo que promete el Estado como un derecho supuestamente asegurado para todos y lo que muestra la realidad. ¿Cómo, entonces, no sentirse estafados y frustrados? La segunda consecuencia es que estos sentimientos son hábilmente explotados por demagogos, con excusas mentirosas y confortables, según las cuales la culpa de que no se cumplan esos deseos la tienen los empresarios o los países ricos. El tercer efecto es que la imposibilidad de cumplir esos deseos camuflados de derechos se convierte en el pretexto perfecto para que el Estado y sus burócratas intervengan más, expidiendo más regulaciones; exigiendo más trámites; creando más organismos oficiales que exigen más burocracia y, por tanto, más impuestos, al tiempo que se multiplican las oportunidades para la corrupción.

La riqueza no es condición de la libertad, sino su resultado. En consecuencia, para lograr que los buenos deseos que nos promete el Estado sean una realidad y no un estafa, Colombia debe abandonar la demagogia constitucional y política de los mal llamados “derechos sociales”, dotándose de una verdadera economía capitalista de libre mercado, en el marco de una Constitución sobria y breve, dentro del esquema clásico de un Estado de Derecho que efectivamente garantice las libertades y los derechos auténticos. Los colombianos, como decía el expresidente y fundador de este periódico, Mariano Ospina Pérez, “no debemos ser mercaderes de ilusiones, sino empresarios de realidades”.