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En Colombia hay preocupación por la gestión que ha mostrado el actual Gobierno ya que se habla de sectores con porcentajes de ejecución presupuestal alrededor de 60% en 2023. Ahora bien, esta preocupación por la efectividad del aparato estatal no sólo existe en esta coyuntura puntual, sino que es una pregunta estructural sobre qué hacer para que el interés público sea representado y gestionado de forma más eficiente.
La discusión sobre la naturaleza compleja y anquilosada del Estado nación tiene su origen en las primeras reflexiones de Weber sobre la burocracia como modelo ideal de gestión del poder público ejercido por personas apegadas al procedimiento, mecanismos que, dice el argumento, garantizan la objetividad.
Esta idea del procedimiento como garantía de transparencia dominó el imaginario jurídico por siglos, y lo que era en Weber un descripción de un modelo de estado ideal, con el tiempo envejeció en una visión peyorativa de la gestión pública que ya no se asocia con objetividad sino con ineficiencia.
La gobernanza actual del sector público enfrenta por lo menos tres retos. Primero, la complejidad de los problemas contemporáneos (incertidumbre) implica que la información técnica para entenderlos sea parcial, fragmentada y esté en distintas cabezas (en actores público, privados y en otros grupos sociales).
Segundo, la transformación social constante trae problemas nuevos que evolucionan a una velocidad distinta a la capacidad de reacción que ofrecen los procedimientos formales públicos. Tercero, el Estado busca estabilidad y planificación en sus respuestas a los retos sociales, sin embargo, la capacidad de adaptación, modificación y ajuste es vital para dar respuestas efectivas.
Estos retos han dirigido la discusión académica hacia modelos post-burocráticos para la gestión del poder público. Existen desde los noventa esquemas de gestión del poder público que se han enmarcado en lo que se denominan modelos multisectoriales de gobernanza del poder público.
La nuez de estos modelos de gestión del poder público, entre los que resalta el experimentalismo democrático, es que los intereses públicos se cogestionen entre organizaciones sociales, empresas privadas y el Estado de manera colaborativa y concomitante en esquemas de información compartida, abiertos, que tengan un control de pares y en el que no exista división entre privados y públicos sobre ejecución de funciones específicas.
Esfuerzos similares a este modelo han sido explorados, por ejemplo, por la Corte Constitucional, cuando en las declaratorias de cosas inconstitucionales activa modelos de gestión público-privados con ONG, entes de control, autoridades y empresas privadas, todos en una bolsa común en pro de la gestión para resolver problemas complejos.
Los intereses públicos no son monopolio del Estado y el bienestar general no solo es protegido o protegible por parte de las instituciones públicas, debemos dejar de lado las divisiones clásicas en realidades altamente complejas. Los modelos viejos ya no describen bien la realidad y estos modelos multisectoriales colaborativos pueden aportar nuevos espacios de deliberación.
Colombia necesita considerar estas tendencias globales para oxigenar las conversaciones que hoy enfrentan al sector público y al privado. La reunión del presidente en Cartagena con los “empresarios más importantes del país” puede ser una nueva puerta para pensar en el 2024 en esquemas de gobernanza colaborativos y así adelantar proyectos multisectoriales que requieran de las capacidades y operación de todos los sectores de la sociedad y defiendan el interés público en conjunto.
