La apuesta por la energía renovable debe ser una política de Estado

Colombia lleva varios años apostándole a la energía renovable y esta debería ser una política de Estado a largo plazo que cree unidad nacional y compromiso interinstitucional, y que no dependa de los gobiernos locales o nacionales de turno. La apuesta a nivel nacional, departamental y local por promover las energías renovables como una visión de futuro conjunto debería ser uno de esos temas sin banderas políticas y transversales a nuestra generación; un legado que nos dejemos como país en el mediano plazo.

Para aportar a esa implementación de energías renovables hay dos tareas puntuales: primero, definir dónde estamos, así como qué está fallando; y segundo, plantearnos unas metas alcanzables, sin estigmatizaciones, que sean ambiciosas y nos jalonen.

En términos de política energética lo primero que hay que anotar es que Colombia tiene una matriz energética muy limpia y está lejos de ser uno de los países que más contamina por fuentes de energía y consumo. Colombia emite 0,5% de los gases de efecto invernadero, lo que equivale a la emisión de aproximadamente 85 millones de toneladas de CO2 al año. Esto, en términos de justicia climática, implica que cada colombiano en promedio arroja 1,6 toneladas de CO2 al año, mientras que en Estados Unidos ese promedio está en 15,2 toneladas por persona al año, casi 10 veces más. Ahora, aunque estemos por debajo de la media global y de la región, el compromiso de Colombia es reducir en 51% las emisiones para 2030 y ser carbono neutral para 2050.

En 2023, el gobierno aprobó el desarrollo de 8 gigas de energía renovable, lo cual se sumaría a las 18 gigas ya instaladas. No obstante, entre los mayores retos que enfrenta el desarrollo de este sector en el país se encuentran la demora en los trámites y las altas tasas de tributación. Sobre el primer punto, un informe de la Asociación de Energías Renovables sostiene que 65% de los programas de inversión de energía renovable entre 2023-2024 presentan demoras en los trámites, pero este dato es más grave si se analiza en código de potencial energético, ya que ese 65% representa 2,965MW de los 3,33MW que entrarían en operación. Entre las entidades con el mayor número de retrasos en los trámites están la Anla, la Upme y las CAR. En otras palabras, este proyecto país requiere de gestión efectiva interinstitucional, y esta no se está dando de forma efectiva.

Ahora, sobre el proceso de transición energética, en términos reales y prácticos, hay que anotar que este pasa por la consolidación de la producción de gas natural. Sabemos que es un hidrocarburo, pero también el gas natural concreta la ruta de la gradualidad. Este hidrocarburo emite entre 45 % y 55 % menos de gases de efecto invernadero que el carbón cuando se utiliza para generar electricidad, según los datos de la Agencia internacional de Energía.

A modo de conclusión, hay que entender que la transición es un proceso y hay que pasar del discurso a la ejecución. La gestión interadministrativa está siendo un reto que hay que resolver, entender que el gas naturales es indispensable en la transición no puede significar estigmatizaciones o dudas conceptuales, y finalmente, hay que apostarle a que el país sea un terreno seguro y estable para la inversión en proyectos de gran envergadura.

Estos sectores no se reconfiguran con pequeños proyectos sino con confianza inversionista de gran calado que transforme la matriz energética del país.