Populismo pensional

Como muchos analistas han advertido, la reforma pensional tiene aspectos positivos y negativos. Dentro de los positivos está que busca acabar con el subsidio a las pensiones de las personas más pudientes de la sociedad, y darle un beneficio pensional a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

Pero, por otro lado, la reforma tiene una falla mayúscula porque no solo no soluciona sino que agrava un elemento fundamental de cualquier sistema pensional: la sostenibilidad fiscal. Como muchos actos de este gobierno, se propone subsidiar sin considerar cómo y quién pagará más adelante.

Lo que propone la reforma es cambiar un problema social por un problema fiscal, que a la larga también se vuelve social. Porque ya sabemos que si no manejamos nuestra macro economía con responsabilidad seguiremos el camino de Argentina, en donde el Estado se quebró por gastar sin tener con qué.

A pesar de que esta propuesta disminuye los subsidios a las personas más ricas, no se alcanza a cubrir el aumento de los subsidios para los colombianos de bajos ingresos y adultos mayores con el ahorro en los subsidios a los más adinerados.

Los cálculos preliminares sugieren que con el umbral de 2,3, se aumenta más de 70 puntos del PIB en valor presente neto del pasivo pensional, más de $1.000 billones. Para que lo digamos claro, el gran pecado de la reforma es que no toca el parámetro más importante para la sostenibilidad que es la edad de pensión.

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico declara que es responsabilidad del Estado la defensa de la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. El Acto Legislativo 03 de julio de 2011 introdujo en la Constitución el criterio de sostenibilidad fiscal como fundamento básico para la administración del Estado por parte de las tres ramas del Poder Público. Además, la Ley 1473 del mismo año crea por primera vez una regla fiscal numérica para el gobierno central.

Según los expertos, estos lineamientos serán vulnerados si pasa la reforma y el Estado se echa encima la obligación de pensionar a la mayoría de la población colombiana sin que el mismo sistema provea los recursos suficientes para financiarse.

A pesar de que tenemos leyes que hablan de sostenibilidad fiscal y de tener una regla fiscal con límite numérico, el Senado no tuvo ningún problema en aprobar la reforma. Desafortunadamente esas normas no tienen dientes por lo que incumplirlas no acarrean ninguna consecuencia para nuestros gobernantes. Además, con esta nueva carga de gasto para la Nación, probablemente seguiremos sometidos a reformas tributarias cada 2 años para cuadrar caja cuando asome la cabeza este monstruo fiscal.

En el corto plazo el gobierno recibirá un flujo importante de contribuciones pensionales de todos aquellos que son obligados a cotizarle al Estado. Pero, en el largo plazo los dineros terminarán mezclándose con el presupuesto nacional. Que se proponga que esos recursos los administre el Banco de la República no es suficiente garantía de que se manejarán de forma juiciosa e independiente.

Al final del día es el Ejecutivo el que nombra los miembros de la Junta Directiva del Banco y tener ese dinero al alcance de la mano con miembros de bolsillo será una tentación irresistible para cualquier presidente.