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La inclusión de personas con discapacidad es un tema de vital importancia que refleja el nivel de desarrollo y compromiso social de un país. En Colombia, a pesar de los avances legislativos y de políticas públicas, la realidad cotidiana de las personas con discapacidad aún enfrenta numerosos desafíos que limitan su autonomía y participación plena en la sociedad.
La experiencia de una amiga en silla de ruedas que, acostumbrada a la completa autonomía en Miami, se encontró con la dura realidad de la falta de accesibilidad en la Zona Rosa de Bogotá, es un claro ejemplo de las barreras que aún persisten. La ausencia de rampas, baños adaptados y calles adecuadas para la movilidad en silla de ruedas no solo dificulta el desplazamiento, sino que también afecta la dignidad y la independencia de las personas.
En Colombia, la Ley 1618 de 2013 establece medidas para la inclusión social y la eliminación de barreras arquitectónicas, pero su implementación ha sido desigual y, en muchos casos, insuficiente. Según el Dane, 7,2% de la población colombiana tiene alguna discapacidad, lo que se traduce en millones de personas que requieren de una infraestructura y servicios que respondan a sus necesidades.
Comparativamente, en Estados Unidos, la Americans with Disabilities Act (ADA) ha establecido un marco legal sólido que garantiza la accesibilidad y la no discriminación en todos los ámbitos de la vida pública. Este enfoque integral ha permitido que ciudades como Miami ofrezcan un entorno más inclusivo, donde las personas con discapacidad pueden gozar de mayor independencia.
Sin embargo, en Colombia, la inclusión laboral y civil de las personas con discapacidad aún enfrenta obstáculos significativos. Aunque existen programas de sensibilización y asesoría para la inclusión laboral, la tasa de empleo para esta población sigue siendo baja, y las oportunidades de trabajo son limitadas. Además, la participación en la vida civil se ve restringida por la falta de accesibilidad en el transporte público y en los espacios urbanos.
Los avances legislativos en Colombia, han sido importantes desde la ley 361 de 1997 y la ley 1346 de 2009, no obstante, la brecha entre la legislación y la realidad práctica es aún amplia. La falta de cumplimiento de las normas es evidente en las ciudades principales y mucho más en intermedias y municipios, hoy una persona en silla de ruedas es imposible que sea autónoma en Colombia.
Para lograr una verdadera inclusión, Colombia necesita asegurar la efectiva aplicación del marco legal. Esto implica una inversión significativa en infraestructura accesible, programas de capacitación laboral, y una mayor conciencia social que promueva la igualdad de oportunidades. El ministerio de la igualdad que ha resultado bastante ineficiente en la ejecución presupuestal, bien podría poner sus ojos en esta cruda realidad.
Colombia ha hecho progresos en materia legislativa y de políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad, pero aún queda mucho por avanzar. La verdadera inclusión se alcanzará cuando las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida autónoma y participativa, sin las barreras que hoy limitan su potencial. Aquí radica la verdadera inclusión, no en la deformación del lenguaje como muchas ideologías lo han pretendido hacer; un país inclusivo se nota en la educación y la conciencia social frente a quienes, por razones físicas o mentales, no tienen las mismas capacidades; lo demás son modas que solo maltratan el español.
