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Hace unos días el presidente electo Iván Duque señaló que no iba a deshacer los acuerdos de paz, sino que iba a corregir lo que estuviera mal; en sus propias palabras: corregir el pasado para construir el futuro.
El actual Gobierno deja el país en medio de un proceso de reincorporación civil de cientos, incluso miles, de guerrilleros que en teoría están agrupados esperando su reintegración a la vida civil.
La realidad es que no se sabe cuántos están agrupados, quiénes han vuelto a delinquir, incluso, si algunos de sus cabecillas están de nuevo en el monte, porque de “El Paisa” e Iván Márquez se desconoce su paradero.
Esta semana un informe del periódico El Comercio, publicado por revista Semana, señalaba que las Farc piensan reorganizarse bajo el liderazgo de Alias Guacho y mantener su organización terrorista y narcotraficante; cuestión no muy difícil de realizar ya que el tema del narcotráfico simplemente se obvió y, por lo tanto, esta fuente de financiación se incrementó en estos años.
La justicia es otro problema al que se enfrenta el proceso de paz. La JEP ha tenido un sinnúmero de cuestionamientos por parte del nuevo Gobierno; sus funciones apenas están por ser implementadas, pero hasta el momento deja muchas dudas: las vacaciones otorgadas a Fernando Arellán, condenado a 40 años por el atentado al Nogal o peor, ver a Timochenko entrando a las instalaciones de la JEP, impecable, sonriente, con el brazo arriba, sin ningún temor de lo que le pueda pasar.
Para que un proceso de paz sea exitoso se necesita justicia, no como escarmiento, sino como muestra de un país que se funda en la legalidad y que la ley existe como principio de equidad, para que se garantice la no repetición y la reparación. El ejemplo a futuro debe ser en todos los sentidos incluso con los corruptos: el que la hace la paga.
Un último punto a revisar debe ser la representación política; las curules están siendo ocupadas exclusivamente por guerrilleros, cuando siempre se dijo que eran curules para las víctimas. Ver en el Congreso a terroristas que no pagaron por sus crímenes, no es fruto de un sano proceso de paz, pues pareciera que se les estuviera premiando por haber delinquido.
Un ejemplo impactante ocurrió esta semana: al saberse que Iván Márquez no se iba a posesionar en el Senado, se sabe que lo reemplazaría Benkis Biohó, guerrillero sindicado de varios fusilamientos y masacres, incluida la de Bojayá.
Construir para el futuro es tocar temas sensibles que garanticen la no repetición de la violencia vivida durante tantos años, es demostrar que el crimen en Colombia no paga y que una reincorporación a la vida civil por parte de las Farc es posible con reglas claras.
Finalmente, la prosperidad económica que pretende el presidente electo, dependerá de la seguridad jurídica, la confianza inversionista y en el recuperar las zonas donde históricamente el Estado ha sido el gran ausente.
