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Colombia atraviesa una grave crisis de seguridad que impacta a todos los sectores de la sociedad. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, 88 % de los bogotanos se sienten inseguros en la ciudad, alcanzando el nivel más alto en los últimos seis años. Los delitos más comunes, como hurto, extorsión, secuestro y homicidio, generan pérdidas económicas, sociales y humanas.
Frente a esta situación, muchos ciudadanos han optado por defenderse por sus propios medios, llegando incluso a enfrentar a los delincuentes con armas de fuego o blancas. En algunos casos, han logrado repeler los ataques y evitar convertirse en víctimas, pero en otros han resultado heridos o muertos, o incluso han incurrido en excesos que los han llevado a enfrentar procesos judiciales.
Un ejemplo reciente de esta reacción ciudadana es la propuesta del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, de crear un frente privado de seguridad de ganaderos debido a la creciente incapacidad del Estado para protegerlos. Según el dirigente gremial, estos frentes solidarios de seguridad ganadera no son grupos armados ni de autodefensa, sino que brindan apoyo a las autoridades para generar alertas tempranas y prevenir delitos.
En el pasado, hemos sido testigos de casos en los que la población se ha organizado para protegerse ante la falta de respuesta del Estado. Sin embargo, estas iniciativas no siempre han tenido resultados positivos, ya que la creación de grupos de autodefensa ha conducido a enfrentamientos violentos, aumentando la espiral de violencia en lugar de controlarla.
La propuesta de un frente privado de seguridad de ganaderos, no obstante, evidencia la falta de confianza en las instituciones estatales para abordar la creciente inseguridad. Este enfoque representa un grito desesperado, pero solo puede ser una solución temporal. La respuesta a largo plazo radica en fortalecer las fuerzas de seguridad, mejorar la capacidad de investigación y enjuiciamiento.
El Código Penal colombiano establece que la legítima defensa es una causa que excluye la antijuridicidad, eliminando la responsabilidad penal de quien comete una conducta punible, siempre que se cumplan requisitos como la proporcionalidad y que la agresión sea injusta, actual o inminente.
La legítima defensa, por tanto, es una excepción y no la regla para impartir justicia por cuenta propia, ni para actuar con venganza, odio o intolerancia. Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana mediante el monopolio legítimo de la fuerza y el ejercicio de la justicia. Un Estado soberano está creado bajo el principio de garantizar la seguridad; si no puede cumplir con lo mínimo, está fallando en su propia esencia. Este fallo es heredado de una violencia que se ha recrudecido y de una abierta incompetencia por parte de mandatarios locales pasados, especialmente en la Capital.
Colombia no puede continuar viviendo en medio del miedo, la muerte y la violencia. Es imperativo que el Estado actúe en beneficio de sus ciudadanos. Los acuerdos fallidos con grupos armados no están funcionando, y es evidente que las personas no permitirán ser víctimas pasivas. Buscarán cualquier medio para defenderse, lo que incrementará el espiral de muertes. No es justo para la juventud ni para aquellos que salen a trabajar diariamente. Desde su nacimiento, Colombia ha convivido con el miedo, y hoy parece que los ciudadanos deben optar entre vivir indefensos o enfrentarse a la violencia por sí mismos.
