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Se han vuelto cotidianas las imágenes en donde vándalos queman buses, rompen estaciones de servicio público, se enfrentan con la Policía y bloquean las vías. La indolencia ha llegado al punto que bebés han muerto por no dejar transitar ambulancias; el caos no da tregua y no parece tener un final cercano.
El Contrato Social fue un libro escrito por Rousseau, en donde se plasmaron varios principios con los cuales funcionaron las constituciones modernas; en él los habitantes de un territorio realizan un contrato con el Estado, en el cual renuncian a una libertad primigenia a cambio de beneficios sociales como la protección de sus bienes, la libre locomoción y el ejercicio de varios derechos que debe garantizar el mandatario. Este contrato social es la base de convivencia tácita entre los habitantes y de él se desprenden las obligaciones que ejerce el mandatario de turno.
Incluso en los Estados más conservadores, estos principios han servido de fundamento para la sana convivencia y el desarrollo de sociedades más civilizadas. Pareciera impensable que una persona más fuerte le arrebatara a otro su propiedad sin que el Estado, a través de su fuerza, interviniera para restablecer el orden y la paz.
Desafortunadamente en Colombia el contrato social se está rompiendo y la educación o la seguridad que debería brindar el Gobierno no está llegando. ¿Qué pasa jurídicamente cuando una de las partes incumple un contrato? Es causal de resolución: por contrato no cumplido.
Cuando una de las partes incumple el contrato se resuelve. Igual en el contrato social ¿Cómo se resuelve el contrato? Cuando el Estado no es capaz de garantizar la seguridad, ni la educación, ni protege los derechos, debe dejar que el ciudadano vele por ellos, debe dejar que sobreviva y después se tiene que negociar un nuevo contrato donde de verdad el Estado sea capaz de cumplir sus funciones. En el caso colombiano lo grave es que pareciera hay varios sectores, incluidos mandatarios locales, interesados en no cumplir su pacto, en sentirse a gusto con los desmanes, en poner por encima el cálculo político al deber constitucional de proteger a sus ciudadanos.
El paro le ha costado más de $6 billones a la economía y sorprende el miedo del Gobierno a usar toda la fuerza del Estado que da la constitución; mientras tanto la ciudadanía a pie sobrevive, porque los valientes no son la primera línea de vándalos que quemaron estaciones, el palacio de justicia de Tuluá o el Cade de las Américas; los verdaderos valientes son las personas que a pie tienen que ir a trabajar a diario, los empresarios que a pesar de los bloqueos siguen pagando una nómina y los policías que con su vida protegen lo que pueden.
No se entiende la destrucción de la propiedad privada; más que seres humanos parece fueran robots destruyendo. Tal vez Erich Fromm acierte al señalar: “el peligro del pasado era que los humanos se convirtieran en esclavos. El peligro del futuro es que esos humanos podrían convertirse en robot”.