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Los estudiantes de las universidades públicas llevan en paro varios días, pidiendo mayor inversión para educación y la reliquidación de las deudas del Icetex, entre otras cosas. Válidas o no, el Gobierno hizo un aumento de $1 billón en la materia, incluyéndolo en el presupuesto de 2019 y siendo soportado por el aumento de las regalías; aun así, los estudiantes en días pasados de nuevo salieron a la calle.
A los estudiantes, al parecer, no les bastó con la nueva asignación, sino que van por más; así queda la duda en el ambiente, ¿sus marchas obedecen más a un interés legítimo o llevan consigo un tinte político? La duda surge por las arengas que se gritan contra el Gobierno, a favor de ideas trasnochadas como el comunismo y sobre todo por el aprovechamiento que hacen sujetos como Gustavo Petro, de la protesta. Válidos o no, lo realmente cuestionable es el atentado contra la propiedad privada. Un Estado se cimienta en el respeto y la protección a la legítima posesión de bienes por parte de los particulares; el atentar impunemente contra ellos es una verdadera afrenta que no admite ninguna justificación.
Los bloqueos a Transmilenio que “valientemente“ realizan los encapuchados, afectan especialmente a la clase más necesitada; una madre en días pasados tardó más de cuatro horas en llegar a su hogar; esa mujer que paga impuestos, trabaja y vela por sus hijos, llegó tarde a su hogar, posiblemente a cocinar y muchas de ellas a revisar tareas. Son ellas las que soportan la peor parte de un paro, porque la clase más necesitada es la que finalmente termina pagando los platos rotos, frente a actos vandálicos que cada día deben tener mayor sanción social. Aunado a ello los destrozos y daños a las fachadas, son pagados después con la plata de los impuestos, es decir, todos terminamos pagando los daños de unos encapuchados que probablemente no saben qué es pagar algo de su bolsillo; esto sin contar $150.000 millones que según el Mineducación llevan perdidos por andar paralizados.
La educación pública es un derecho protegido por la Carta Magna, pero debe tener también unas responsabilidades; de ninguna manera debe haber encapuchados arruinando calles y atentando contra medios de comunicación y la propia policía; sus fechas de grados deben tener límites, pues no son aislados los casos de estudiantes que llevan varios años postergándolos y cambiando de carreras, simplemente para organizar movimientos que solo generan caos, pero de construcción nada, quitándole en cambio la oportunidad a los estudiantes más pobres que en verdad necesitan ese cupo.
Los propios estudiantes deben entregar a los vándalos, que deslegitiman cualquier petición; con el tiempo ellos mismos deben borrar de sus paredes las fotos de guerrilleros, asesinos y terroristas que pululan, para así tratar de ser más competitivos y hacer que sus peticiones sean tomadas en serio.
