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Una ola de indignación causó la muerte de un civil a manos de la Policía; incontables manifestantes salieron a las calles y de la manera más irracional y violenta emprendieron una guerra campal contra la Policía, trayendo como resultado la muerte de civiles, agentes y la quema de varias estaciones.
En Colombia no existe la pena de muerte; por ello no tiene ninguna justificación la muerte de cualquier civil a manos de la fuerza pública; por esto el Estado en su evolución ha creado mecanismos para resarcir cualquier abuso, si bien una muerte jamás podrá ser compensada; existe indemnización económica por daños morales, a la salud, daño emergente, lucro cesante, entre otros, a la cual pueden acceder los padres, hermanos, cónyuge e hijos. Esta indemnización es compensada por el Estado después de una demanda, al tiempo que se adelanta un proceso penal para juzgar a los protagonistas del hecho delictivo. Este mecanismo no es perfecto, es demorado, dispendioso y requiere abogado, sin embargo, es una lucha porque la civilización prevalezca y el Estado no se convierta en un tirano.
Esta disputa contra los excesos del Estado, está casi implementada en los países occidentales, salvo en las dictaduras (no cabe en la cabeza de un cubano demandar al régimen). Toda esta batalla por los derechos quiere evitar precisamente la barbarie de los enfrentamientos, los que inevitablemente terminan en vandalismo, saqueos y en más muertos, pues la Policía también se defiende ante las agresiones.
Es claro que a distintos sectores les interesa el caos y parece que las investigaciones identifican varios grupos terroristas detrás de los desmanes. Una violencia como la vivió Bogotá se basa en grupos organizados; los ciudadanos indignados no salen a quemar el transporte que utilizan todos los días y menos atropellando una persona inocente a su paso; tampoco salen a saquear los supermercados y restaurantes que humildemente tratan de sobrevivir a la crisis; el ciudadano común, se indigna, marcha, algunos votan, pero no intenta quemar policías, ni los CAI, que tanto reclaman los vecinos porque se sienten protegidos.
Los destrozos suman alrededor de $14.000 millones, dinero que saldrá de los que sí producen, de los que tienen que llegar a pie por los desmanes; incendiar a Bogotá no es la solución a los problemas, es darles gusto a políticos que quieren el caos, a mandatarios de turno que hacen campaña con las víctimas y a terroristas que se lucran con el saqueo y el caos.
¿Deben los ciudadanos quedarse entonces de brazos cruzados ante los excesos de la fuerza pública? No, pero salir a atacarlos y destruir sus instalaciones tampoco. La solución ya viene evolucionando desde hace años; se necesita una justicia más eficiente que realmente condene a los culpables, proteja a los ciudadanos y sea mucho más expedita en indemnizar las reclamaciones. La quema de Roma solo aumentó la locura de Nerón; el incendio de Bogotá lo saborean tiranos parecidos.
