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Hace pocos días quedó lista la consulta anticorrupción, la cual se realizará el próximo 26 de agosto, promovida por Claudia López y el Partido Verde.
A primera vista dicha consulta parece un esfuerzo importante para combatir un flagelo que azota a Colombia y que crece con la presencia del Estado.
El tarjetón que será llevado a las urnas, posee siete preguntas entre las cuales se destacan: la reducción del salario de los congresistas, el límite de tres periodos a funcionarios públicos de elección popular y los funcionarios condenados por corrupción deberán ir a la cárcel y no podrán contratar nuevamente con el Estado.
Para lograr lo anterior, se recogieron más de cuatro millones de firmas y las preguntas fueron aprobadas en el Congreso; su implementación necesita el voto de más de seis millones de personas y que el sí en las preguntas sea mayoritario.
Si las iniciativas parecen buenas, ¿por qué la oposición en varios sectores?
Lo primero que hace dudar de las intenciones fue la foto de sus promotores; Gustavo Petro presenta una deuda al Estado fruto de varias condenas en la Contraloría; Armando Benedetti tiene procesos por corrupción en la Fiscalía, y otros senadores del Polo Democrático fueron los escuderos de Samuel Moreno, exalcalde condenado por corrupción.
Adicional a esto, su principal promotora ha sido bastante agresiva con otros sectores y este llamado a votar una causa común necesita un tono conciliador el cual difícilmente se puede ajustar, viniendo de este sector. A su vez, se sabe que Claudia López quiere ser candidata a la Alcaldía de Bogotá y esta iniciativa se puede convertir en simplemente su plataforma de campaña.
Con ello viene otro problema y es el alto costo que tiene una votación en todo el país; no se sabe cuánto va costar, algunos dicen que será entre $40.000 millones a $100.000 millones, otros que puede llegar a $250.000 millones, teniendo en cuenta las recientes elecciones.
Este costo enorme puede evitarse si el nuevo presidente asume la lucha de la corrupción y hace cumplir las normas existentes, puesto que algunas de las preguntas de la consulta, ya se encuentran plasmadas en las leyes, solo que no se cumplen.
La lucha por disminuir la corrupción por medio de una consulta es válida, pero insuficiente. Aquella necesita un programa que debe comenzar desde los colegios para intentar transformar generaciones futuras; y a quienes ostentan el poder, hacerles entender que sus acciones tendrán sanción social y el peso del Estado sobre ellos; el desestímulo del miedo es el último recurso, efectivo, pero limitado.
El debate apenas comienza; preocupa, sin embargo, que la polarización continúe; una causa que debiera unir, divide no solo por el tono sino por quien iza las banderas; paulatinamente, una lucha que debía ser en conjunto, ha sido exclusivamente utilizada por este sector. Rescatar estas banderas y volverlas un sentir de todo Colombia es un deber que por el momento solo lo puede hacer el presidente electo.
