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En julio fue publicado el informe de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en donde confirma el deterioro que ha venido teniendo Colombia en el tema. Los cultivos de coca crecieron 52%, la erradicación manual disminuyó 28% y la aspersión aérea, como se sabe, fue inexistente.
Con ello, el presidente Donald Trump amenazó con descertificar de nuevo al país. Este requisito viene del año 1986, cuando el gobierno americano aprobó una ley para certificar el apoyo de los países extranjeros en la lucha contra las drogas y, en gran medida, hace depender de aquel la asistencia de cooperación internacional, el apoyo del Banco Mundial e incluso del BID.
Nuestro país fue descertificado únicamente en los años 1996 y 1997 durante el cuestionado gobierno de Ernesto Samper, en el cual sus presuntos vínculos con el narcotráfico fueron suficientes para la sanción. Recientemente en Latinoamérica se unen a ese listado Venezuela y Bolivia.
Fue el presidente Richard Nixon quien en 1971 declaró ante el mundo la lucha contra las drogas y ofreció cooperación militar y económica a todos aquellos gobiernos que padecieran el flagelo, en especial a los países productores de dichas sustancias. Las continuas convenciones en cuanto al tema no han hecho sino ratificar la misma política de combatir los cultivos ilícitos, como lo fue la UNGASS de 1998 y la del presente año.
Bajo estos parámetros, Colombia ha estado comprometida en la lucha por la erradicación de las drogas y las cifras sencillamente dicen que no está cumpliendo; con el Plan Colombia bastante dinero ha recibido con este único objetivo y de acuerdo o no con dichas políticas, es lo acordado; más cuando Estados Unidos es el principal socio comercial. Por ello las respuestas bravuconas del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, han sido inoportunas; ellas han debido ser para el principal cartel del narcotráfico, las Farc, y no para el principal socio comercial.
Por tanto, Colombia depende especialmente de sus compromisos internacionales y deberá en las próximas acciones demostrar que la reducción de cultivos ilícitos es posible, como ocurrió en el pasado; el problema esta vez es que parte del proceso de paz, al parecer, dependerá de ello pues en la negociación nunca se habló de la entrega de rutas, dinero y dejación del negocio por parte de las Farc y combatir de frente el problema ineludiblemente será enfrentar de nuevo la estructura mafiosa de este grupo que deberá decidir entre el negocio de las drogas y la reincorporación a la vida civil.
En ello se jugará en gran parte la estabilidad del país y la de su principal socio comercial, pues finalmente la incertidumbre y la desconfianza comienzan a rondar y eso para la economía y los negocios ya es malo.
