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El reciente impasse diplomático entre Colombia y Estados Unidos ha encendido las alarmas sobre el futuro de las relaciones bilaterales y las posibles consecuencias económicas y diplomáticas para el país.
La decisión del presidente Gustavo Petro de devolver un avión militar estadounidense con migrantes deportados, incluyendo algunos con antecedentes criminales, generó una reacción inmediata por parte del expresidente Donald Trump. Este episodio es una forma en que se confunde la dignidad nacional con una retórica populista que podría costarle caro al país.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en 2023 el comercio bilateral entre ambos países superó los US$40.000 millones, con exportaciones colombianas por más de US$15.000 millones, principalmente en petróleo, café, flores y banano. A su vez, las importaciones desde EE.UU. alcanzaron los US$25.000 millones, incluyendo bienes de capital, tecnología y productos agroindustriales.
Además, el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre ambas naciones ha sido fundamental para la economía colombiana, permitiendo el acceso preferencial de productos nacionales a uno de los mercados más importantes del mundo. Cualquier deterioro en las relaciones con EE.UU. podría traducirse en restricciones comerciales, aranceles o, en el peor de los casos, la suspensión de los acuerdos.
El exembajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, en el reciente foro de la revista Semana, advirtió que la postura del gobierno colombiano podría llevar a la desertificación del país. Este concepto, aplicado por Washington a naciones que no cumplen con los compromisos en la lucha contra el narcotráfico, tiene dos consecuencias directas: la reducción de al menos un 25% de las ayudas económicas y el desfinanciamiento de la cooperación militar.
Actualmente, Colombia recibe aproximadamente US$500 millones anuales en ayudas de Estados Unidos, de los cuales una parte significativa está destinada a seguridad, erradicación de cultivos ilícitos y fortalecimiento institucional. Si Colombia es desertificada, estas ayudas podrían reducirse en al menos US$125 millones anuales, afectando programas de seguridad y desarrollo en las regiones más vulnerables. Por otro lado, la cooperación militar entre ambos países es clave para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El presidente Petro ha justificado su acción bajo el discurso de la “dignidad nacional”, una narrativa que en el pasado han utilizado líderes de países en confrontación con Washington, como Venezuela y Bolivia. Sin embargo, esta mal llamada dignidad no da de comer ni genera empleo. La realidad es que Colombia depende en gran medida de su relación con Estados Unidos, y el deterioro de este vínculo podría tener efectos devastadores en la economía y en la seguridad nacional.
El gobierno colombiano debe reflexionar sobre las consecuencias de jugar con fuego en su relación con Estados Unidos. No se trata de sumisión, sino de inteligencia: garantizar la cooperación con el principal socio comercial del país no es una opción, es una necesidad; la verdadera dignidad está en fortalecer el país, no en debilitarlo por una retórica facilista.
Es momento de que Colombia entienda que la diplomacia no es una batalla de egos, sino un ejercicio de estrategia y negociación; perder la buena relación con Estados Unidos sería un golpe del que la economía y la seguridad del país tardarían años en recuperarse.