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Durante muchos años, Colombia se ha destacado por tener una clase trabajadora, emprendedora y en constante búsqueda de oportunidades empresariales. A raíz de la estratificación social, gran parte de esta población se agrupa bajo la denominación de clase media. Estos individuos y familias no ostentan los lujos de la alta sociedad ni dependen de subsidios gubernamentales para subsistir, pero constituyen el entramado social que equilibra el desarrollo nacional, aportando esfuerzo y creatividad al crecimiento económico y social.
La clase media va más allá de ser una categoría económica; abarca un estilo de vida, aspiraciones y capacidades. En términos generales, se refiere a hogares con ingresos suficientes para acceder a bienes y servicios básicos, educación, salud, vivienda adecuada y una vida digna, aunque no se ubiquen en la cúspide de la riqueza financiera. Su fuerza radica en la capacidad de consumo, inversión y generación de empleo.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la clase media en Colombia representa aproximadamente 30%-35% de la población. Desafortunadamente, este segmento poblacional es el más afectado por la inflación y las políticas gubernamentales. Frente al marcado interés por estatizar y subsidiar, esta clase trabajadora no recibe un respaldo particular en la actualidad.
Según el Dane, la inflación en Colombia alcanzó 13,12%, la más alta en 23 años. Este aumento de 13,12% en los precios durante un año afecta especialmente a la clase media, que destina una mayor proporción de sus ingresos al consumo en comparación con la clase alta.
A este escenario se suma otro factor preocupante: aproximadamente 14% de la clase media está compuesta por microempresarios, es decir, casi 2 millones de colombianos subsisten al frente de pequeños negocios. Por ende, estos individuos se ven directamente impactados por la reforma laboral propuesta y son altamente susceptibles a los aumentos del salario mínimo.
Dado que este sector emprendedor opera prácticamente al día, cada incremento afecta significativamente la supervivencia de sus negocios. Un aumento considerable del salario mínimo, como el que pretende la presidencia, implica un mayor costo laboral para las empresas y podría repercutir este gasto en los precios de los bienes y servicios que ofrecen.
Esto podría desencadenar una espiral inflacionaria, mermando el poder adquisitivo de la población o, peor aún, provocar desempleo, ya que las microempresas podrían verse obligadas a prescindir de empleados para compensar el aumento.
Pensar que el aumento salarial se traducirá directamente en un incremento del consumo es desconocer la realidad colombiana. La clase media se encuentra en peligro, y con ella, el futuro de millones de personas. Someter a una población a subsidios y dependencia estatal es coartar sus sueños y, sobre todo, el porvenir económico del país.
Colombia ha mantenido una tradición emprendedora, impulsada por pequeños microempresarios de clase media que luchan por educar a sus hijos y proveer un mejor futuro. Estos individuos no solo contribuyen a nivel familiar, sino que representan entre 10% y 14% del Producto Interno Bruto (PIB), convirtiéndose en una verdadera fuerza laboral y generadora de empleo.
El Presidente, en lugar de enfocarse en disputas externas, debería dirigir su atención al país y considerar a esta clase trabajadora que no busca ayudas, sino simplemente la oportunidad de trabajar en paz y prosperar por mérito propio.
