La justicia y su credibilidad

Hace algunos años, me encontraba en Estados Unidos cursando algunos estudios; en una clase, un profesor de tendencia izquierdista solía criticar con frecuencia al gobierno; durante un tiempo siempre polemizó por el asesinato de un joven afroamericano a manos de un policía; de un momento a otro el tema no volvió a ser tocado; al preguntarle qué había pasado, su respuesta me sorprendió: fue absuelto por la justicia, por lo tanto, el policía es inocente.

La credibilidad en las instituciones es algo que solo se logra con su adecuado funcionamiento; a la gente que cada día posee mayores fuentes de información, es difícil engañarla y cada vez más asumen una posición a favor o en contra de lo que sucede.

La justicia desde hace varios años viene sufriendo un serio problema de credibilidad; sus fallos, polémicos; escándalos de corrupción y su politización han hecho que sus estructuras se vean melladas; en la reciente encuesta de Gallup las instituciones con mayor desprestigio son: el Sistema Judicial con 79% de imagen negativa, el Congreso, con un 72% y la Corte Suprema de Justicia con 60%.

El más reciente escándalo involucra al expresidente Álvaro Uribe en una investigación que cursa en su contra; una de las pruebas proviene de una interceptación telefónica de la cual, dicen haberse equivocado pues se pretendía investigar al chocoano Nilton Córdoba; al oírlos se nota que sus acentos son totalmente distintos y sobre todo los nombres y temas que se deberían tratar en aquellas conversaciones.

Lo más grave es que el presidente de la Corte Suprema sale a decir que dicha prueba recaudada “por error” será válida; para los que entendemos de derecho sabemos que el Art. 29 de la Carta Magna ordena excluir cualquier prueba recaudada de manera ilegal; con ese argumento se han desechado pruebas veraces, como las de los computadores de Raúl Reyes.

Culpa del desprestigio ha sido ventilar en los medios los procesos judiciales; es común ya oír a las partes en los micrófonos por las mañanas y a los periodistas fungiendo de jueces; a tal punto se ha llegado que en ese escenario muchas veces aparece también algún magistrado; se olvida que estos deben hablar a través de sentencias o autos, los cuales durante muchos años fueron una fuente verdadera de derecho.

Administrar justicia ha sido el deber más loable por parte del Estado; allí los débiles pueden reclamar igualdad y sus derechos frente a los más fuertes; allí se concreta uno de los deberes meritorios como el de castigar a los culpables y mantener el orden público y allí se corrobora uno de los triunfos de la democracia moderna: el de la abolición del tirano por el de una rama independiente.

Por ello es tan peligroso el desprestigio de las ramas del poder público, porque la gente, aburrida de ellas, prefiere dar un salto al vacío y volver erróneamente al tirano, al que costó tantos siglos, sangre y dolor sacar del poder.