Paz a cualquier costo

El pasado 20 de Julio, el presidente Juan Manuel Santos decía que entregaría hasta el último punto de su popularidad por la paz. De esta forma justificaba su impopularidad en las encuestas y la implementación del proceso a toda costa.
De lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿es válida la implementación de un proceso de paz sin importar su costo? Es bien sabido que el fin no justifica los medios, pero en este caso la pregunta resulta compleja, ante una guerra de más de 50 años.
En primer lugar, un proceso a espaldas del pueblo desconoce el primer principio de las democracias, que es gobernar para los ciudadanos, en Colombia llamado el constituyente primario; la anterior condición nos diferencia de las monarquías o las dictaduras, en donde se gobernaba según el arbitrio o los intereses del mandatario. Hoy en Colombia, el NO que ganó en las urnas, ve cómo a través de procesos legislativos, se aprueba todo lo que se votó en contra. Es por ello por lo que la popularidad aquí cuenta, pues es la legitimidad material sobre la cual se plantarán las bases de un proceso real. Finalmente, es la gente del común la que tiene que aprender a perdonar y convivir con los terroristas.
En segundo, ya se sabe que Colombia hoy produce más cocaína que en los 90. Gran parte por el estancamiento de la erradicación manual y la aspersión de cultivos. Las Farc son el grupo terrorista que maneja el negocio del narcotráfico en toda su cadena; ceder en la negociación a que sigan traficando, será traer más sangre y ruina a una nación que ya conoce los dramas del problema. Además, dejar que utilicen el dinero producto del ilícito para fines políticos, no solo es un delito de lavado de activos sino una legitimación del negocio del narcotráfico.
Por último, implementar un proceso dándole gusto a las Farc sacrificaría nuestro modelo económico. Para cualquier estudioso, es bien sabido que dicho grupo terrorista aboga por una repartición equitativa de la tierra sin importar la propiedad privada y que en ningún momento contempla la democracia como alternativa. Esta fue una de las razones por las cuales no estuvieron en la constituyente de 1991. Y aún hoy, su discurso está plagado de agravios contra el capitalismo y los sectores productivos de la Nación.
Aquí en Colombia, la propiedad privada está protegida constitucionalmente; dicha protección le brinda garantías jurídicas a los inversionistas extranjeros y nacionales para seguir construyendo empresa e invertir en el país. Tocar siquiera esta protección produciría una desbandada de los grupos económicos. La propiedad privada resulta el pilar sobre el cual está construido el modelo de sociedad occidental; todo atentado en su contra ha conducido siempre a la ruina del socialismo.
En conclusión, no es válido de ninguna forma implementar la paz a toda costa; los argumento son muchos más de los mencionados. Construir una paz “estable y duradera” depende, en primer lugar, de la gente que diariamente evalúa al mandatario.