Reforma a la injusticia

Fue sorpresiva la noticia esta semana de la medida de detención preventiva al expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia sin pruebas claras. Por la nueva costumbre de comunicar a los medios antes de emitir un auto o sentencia, el suceso fue difundido por todo el país.

La rama judicial desde hace varios años está en una espiral de desprestigio; en la última encuesta Gallup el sistema judicial colombiano tiene una imagen negativa de 79%; durante la presidencia de Uribe el promedio era de 46%. La Corte Suprema de Justicia, respetada hasta hace poco, tiene una imagen negativa de 61% y, hasta la mitad de la primera presidencia de Juan Manuel Santos, siempre conservó una imagen positiva arriba de 56%. Sin embargo, los escándalos de corrupción, la constante exposición en medios de comunicación y política, la demora en los fallos judiciales y sobre todo, el doble racero que exponen sus magistrados, ha llevado a un desprestigio generalizado. Casos como el del terrorista Jesús Santrich e Iván Márquez son apenas algunos ejemplos de dicho criterio.

La reforma a la justicia nunca se había visto tan urgente; de la lentitud de sus fallos, los casos de corrupción comprobados, la jurisprudencia contradictoria y la politización de sus magistrados, pasamos a vivir en un estado de indefensión jurídica donde el derecho se acomoda al parecer de un puñado de magistrados. La rama judicial le está costando a los colombianos $3,7 billones anuales, los cuales no se ven reflejados en eficiencia, seguridad jurídica y en algunos casos, justicia y honestidad.

¿Existe solución pronta para el problema de la justicia? Los magistrados seguirán campantes en su posición y les tendrá sin cuidado la crítica; por ello la reforma tiene que estar impulsada por el ejecutivo; el Gobierno no puede seguir aplazando el funcionamiento de la justicia del país; en estas épocas de pandemia en donde se avecina la crisis económica más fuerte en muchos años, el presidente debe enfocar esfuerzos en frenar este gasto desbordado que no está dando resultados. El Ministerio de Justicia funcionó bien con el del Interior, esa reducción de burocracia servirá para sufragar otros gastos. El sueldo excesivo de magistrados deberá ser revaluado, la sistematización judicial debe ser prioridad y volverse una realidad en todo el país.

Las múltiples cortes deberían ser unificadas para evitar choques entre ellas y los métodos de elección de los magistrados tienen que ser también objeto de estudio: no tiene presentación que un magistrado alicorado anuncie en un evento social una captura o que un grupo de magistrados se reúna la noche anterior a la votación de una medida de aseguramiento. Estos problemas, junto con muchos otros, deben ser solucionados; la justicia no da espera y es deber de los ciudadanos cuestionar; la infalibilidad de la ley solo ocurre en las dictaduras: finalmente el derecho es una continua lucha contra la injusticia.