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Una década atrás, habría sido difícil vislumbrar la transformación que en materia institucional ha sufrido este sector. Transformación loable de la cual, todos acá, hemos sido testigos de excepción. Más que complejo habría sido -sin este proceso- empezar a poner la casa en orden.
La mencionada transformación, se convirtió en piedra angular para dar, a la postre, vida a entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura, la cual reemplazó al viejo INCO, que por razones politiqueras y de corrupción contó con 12 directores distintos, en escasos siete años de existencia.
Permitió, además, concebir una banca de desarrollo, como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) que, en su corta existencia, ha contribuido a la movilización de recursos para el sector y ha garantizado importante presencia en los mercados internacionales.
Gracias a la FDN, fue posible efectuar transacciones en el mercado de capitales -local e internacional- por cerca de $1,9 billones. No menos importante ha sido la consolidación de la figura de los fondos de deuda, de los cuales ya hay tres cerrados por la cifra, para nada despreciable, de $4 billones.
Fue acertado, también, crear la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). No en vano, la gestión de los proyectos que nos atañen, requiere de contrapartes especializadas, técnicas y con capacidad de entender las complejidades intrínsecas a nuestra biodiversidad.
Presidente, no ha habido Congreso Nacional de Infraestructura en que no hayamos subrayado la sobresaliente tarea emprendida por su Gobierno, en lo ateniente a la institucionalidad del sector. Por eso hoy, quiero invitarlos a celebrar esta inocultable consecución la cual, sin lugar a equívocos, solidificó los rieles que sustentan la marcha de la locomotora de la infraestructura.
Además de la evidente evolución en lo institucional, es destacable el exitoso proceso de modernización y actualización del marco normativo del sector. Apuesta que, entre otras virtudes, ha permitido corregir errores protuberantes del pasado.
De lo anterior, da fe la ley de Asociaciones Público Privadas (1508 de 2012), considerada por muchos, como gran referente legal del sector. A la luz del gremio, su mayor virtud bien podría resumirse en la siguiente premisa: estableció la figura del pago por disponibilidad del servicio. Ello, contribuye a tener las obras en los tiempos previstos, para satisfacción de los usuarios.
Ahora, no menos importante fue la denominada Ley de Infraestructura (1682 de 2013). Sus incisos, confirman la disposición del Gobierno para destrabar los cerrojos que, desde un comienzo, amenazaron la ejecución de las obras. Mezquino sería negar sus efectos que, marginales o no, han sido alentadores para el sector. Ahora bien, hay que reconocer abiertamente que la norma merece algunos ajustes a la luz de lo que ha pasado en estos últimos años en materia predial, ambiental y de redes.
La pertinencia del Plan Maestro de Transporte 2015-2035
No puedo dejar de mencionar, señor Presidente, el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015 – 2035 (PMTI). Su materialización, fue producto de un mensaje que el gremio llevó con insistencia a diversidad de foros y que, para bien, su Gobierno atendió con seriedad y diligencia.
Contar con un derrotero de planeación de largo plazo, en un sector como este, es el primer paso para alcanzar la ilusión de una Colombia interconectada. Señor Presidente, desde su publicación, el PMTI ha facilitado la toma de decisiones respecto a qué camino seguir en materia de nuevas inversiones. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Vías ha diseñado un programa de conectividad regional estratégica, denominado
“Corredores de la Paz”. Allí, 19 proyectos de los 32 que lo componen ya cuentan con estudios y diseños. Además, la entidad está a la espera de la disponibilidad presupuestal por $261.000 millones para completar la preinversión de los 13 corredores restantes.
También, en este Congreso, tendremos la oportunidad de conocer los avances en la estructuración de lo que podríamos llamar la carretera del siglo XXI: me refiero al Corredor Pacífico-Orinoquía, de cerca de 1.500 kilómetros entre Buenaventura y Puerto Carreño en la frontera con Venezuela. Probablemente, la obra más ambiciosa contenida en el Plan Maestro de Transporte.
De lo anterior, surge entonces la necesidad de que el Gobierno venidero, mantenga vivo el entusiasmo de seguir invirtiendo en los proyectos comprendidos en el mencionado Plan. En las manos del gremio, por su parte, estará la responsabilidad de difundir a la nueva administración los alcances de este ejercicio.
Las cifras y los hechos
En 2010, cuando este mismo auditorio le daba la bienvenida a su administración, Presidente, reclamábamos con vehemencia la necesidad de más recursos para el sector. Entonces, la inversión en infraestructura de transporte apenas superaba el 1% del PIB. Hoy, al cabo de ocho años, esta cifra alcanza índices cercanos al 3% del PIB. ¿Qué mejor argumento para reafirmar que de las transformaciones se ha pasado a las acciones?
Los avances saltan a la vista. Entre 2010 y 2016 fueron invertidos en total cerca de $60 billones (constantes) en el modo carretero. De ahí -de semejante monto- $40 billones corresponden a inversión pública, mientras los $20 billones restantes a inversión privada. Esta última, representada fundamentalmente en las distintas generaciones de concesiones.
La cifra de participación privada no es menor, y confirma una vez más que las empresas de ingeniería, están dispuestas a apostarle al desarrollo del país. Cada vez son más los colombianos que transitan por una vía de doble calzada y celebran la seguridad de su recorrido. Esto es el resultado que se obtiene cuando el Gobierno y el sector privado van de la mano, como lo hacen los buenos socios.
Presidente, durante las deliberaciones de este Congreso hemos tenido la oportunidad de conocer el detalle de una revolución silenciosa. Al revisar los avances en materia aeroportuaria y portuaria, no nos cabe la menor duda de que la ´máquina´ de la infraestructura avanza a buen ritmo.
Veamos: solo en el modo aéreo se han ejecutado entre 2010-2016 inversiones por $5,1 billones (constantes), tanto en obra pública como en los 16 aeropuertos concesionados. Ello ha contribuido a mejorar la conectividad de todo el territorio nacional y a llevar progreso y oportunidades a ciudades, muchas veces desatendidas, como Quibdó, Carepa o Mitú, por mencionar tan solo un puñado.
En puertos los resultados no son muy diferentes. Hoy, el país puede decir sin falsas modestias que cuenta con terminales portuarias modernas, capaces de responder a los cambios de las rutas marítimas, como consecuencia de la ampliación del Canal de Panamá. En ambas costas, se explayan sociedades portuarias comprometidas con sus regiones y con la prestación de un servicio de calidad, orientado a servir al transporte de mercancías de forma eficiente, para así abastecer a los mercados locales e internacionales.
Los puertos son un eslabón clave en la agenda del desarrollo: cerraremos el año con casi 450 millones de ton. de capacidad en las terminales nacionales, lo que representa un incremento del 55% frente a los 286 millones del 2010. Presidente, no le quepa la menor duda de que estas concesiones están dispuestas a responder a las demandas del nuevo modelo económico, orientado a que Colombia repunte.
No puedo dejar pasar este momento sin compartir con usted, Presidente, y con este auditorio un hecho de vital trascendencia: Hay grandes jugadores internacionales apostándole a la inversión en infraestructura que está haciendo el país. Prueba de ello es que, en el primer trimestre de este año, fue inaugurado el Puerto de Agua Dulce en Buenaventura. Hacer este sueño realidad, implicó la movilización de recursos extranjeros-puntualmente de Filipinas y Singapur- por cerca de $650 millones de dólares.
A lo anterior se suma, por un lado, la reciente financiación de Goldman Sachs al Puerto de Compas, en el Pacífico, operación que demandó recursos por 134,5 millones de dólares. De otra parte, la colocación de bonos de Odinsa por 400.000 millones, con una demanda de casi un billón de pesos, también nos permite seguir construyendo país. Igualmente, halagüeña, la reciente noticia sobre el inicio de desembolsos por 1,3 billones para el proyecto Bolombolo-La Pintada. Allí llegaron al país dos fondos internacionales de gran renombre.
Estos ejemplos confirman que sí existe confianza en el sector, que hay apetito por nuestros proyectos y que vamos a sacar adelante la jugada más ambiciosa que tenemos sobre la mesa: el Programa de Cuarta Generación de Concesiones Viales.
Las bondades del Programa 4G
Para nadie es un secreto que la naturaleza innovadora del Programa de Cuarta Generación de Concesiones -independientemente de su objetivo encauzado a modernizar la infraestructura nacional- está sirviendo para poner a prueba un significativo listado de asuntos normativos y financieros: la ley 1508 de 2012, así como la novedosa modalidad de remuneración, denominada pago por disponibilidad. También, un nuevo esquema de fondeo representado en la financiación de proyectos (project finance) y un viraje en materia de distribución de riesgos. Todos estos instrumentos -inexplorados en gobiernos anteriores- son un paso en la dirección correcta. El gremio así lo ha reconocido.
Por eso hoy, más que nunca, es necesario creer con total fervor en el programa de concesiones viales de cuarta generación. De cara a la actual coyuntura, es justamente el vagón del 4G el que impulsará la marcha de la locomotora de la infraestructura. Lo hará, sin embargo, -y de eso no podemos abstraernos- de frente a una cuesta empinada. El panorama cambió.
Necesitamos, entonces, que el país al unísono le apueste a dicho programa. Entre muchas razones, porque es de gran importancia para impulsar el crecimiento de la economía, en el corto plazo. Este paquete de carreteras también es indispensable para la generación de empleo, así como para la movilización de recursos de inversión extranjera directa y, por supuesto, para mejorar la competitividad y los índices de servicio del sistema vial nacional.
Los concesionarios han sido tan conscientes de esta situación, que el combustible para echar a rodar el 4G, lo han puesto justamente ellos. Y lo han hecho, en contravía de los más descreídos, con capital propio. Así, no solo han sabido sortear las dificultades de financiamiento, sino que han movilizado recursos corporativos para mantener los cronogramas de obra en marcha. Presidente, esto demuestra que las empresas que están detrás de estos proyectos, están jugadas a fondo con los intereses del país.
La locomotora no debe frenar su marcha: Los desafíos más urgentes
Bajo el liderazgo del Señor Ministro de Hacienda, hemos avanzado en la reglamentación de aspectos tributarios ligados con los cambios incluidos en la pasada Reforma Tributaria para las concesiones de cuarta generación: celebramos la expedición, esta semana, del decreto sobre régimen de transición del IVA, y de la mano de los funcionarios adelantamos un intenso ejercicio de concertación, a fin de que otros asuntos urgentes, como son la reglamentación del art. 32 sobre renta para APPs y concesiones, y del impuesto de industria y comercio ICA, estén resueltos, a más tardar en los primeros días de diciembre. Son asuntos, Señor Presidente, que comprometen la seguridad jurídica y el éxito de las vías 4G.
Estamos atentos por lo demás, a la expedición urgente del concepto que debe emitir el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y del correspondiente respaldo de la Superfinanciera, en relación al correcto registro de los intereses de la deuda por parte de los socios de las concesiones, y sobre el claro entendimiento de las normas NIIF y las cláusulas del contrato.
Tenemos por delante otro desafío: corresponde a la ANI el gran reto de gestionar los contratos durante su larga existencia. Por ello, no cabe duda de que deben agotarse en esa entidad, toda clase de esfuerzos, a fin de que la supervisión de los contratos se haga siempre de manera articulada, tanto hacia el interior de la propia ANI, como en el relacionamiento de la misma con los demás entes públicos que inciden en el desarrollo de los contratos.
En el pasado, el reto de la ANI consistió en estructurar, licitar y adjudicar los contratos de las vías 4G. De aquí en adelante, le corresponde a esa entidad gestionar y administrar tales contratos de manera eficiente, día a día, minuto a minuto, durante su larga duración que puede ser de entre 25 y 30 años. De ello depende, no quepa duda, la cabal ejecución de las vías 4G.
Quiero cerrar esta reflexión sobre los desafíos más urgentes, con el siguiente llamado de atención: no podemos darle más largas al trámite de una la ley estatutaria de consultas previas. Como lo manifesté en una reciente columna de opinión, las consecuencias de mantener esta iniciativa en los anaqueles del olvido, ahora empiezan a sentirse con mayor rigor. La razón es simple: los tiempos, los costos y los procesos que giran en torno a las consultas, afectan los cronogramas de los proyectos, obstaculizan la consecución de la financiación necesaria para ejecutar las obras y truncan el anhelo de extender las vías modernas y seguras que tanto requiere el país.
La corrupción de Odebrecht
Resulta difícil soslayar el escándalo de corrupción relacionado con la firma brasilera Odebrecht. Más allá de los titulares de prensa que ha venido acaparando, debemos admitir que sus efectos tuvieron incidencia negativa en la financiación de los proyectos. Como es apenas obvio, el escándalo ralentizó el ritmo de ejecución de las obras y sembró un ambiente de incertidumbre.
Este es un gremio que ha procurado, desde el preciso instante de su creación, combatir sin tregua todas las conductas que muestren el menor asomo de corrupción: llevamos años estudiando las causas de este flagelo, sobre todo aquellas relacionadas con la contratación pública. Hoy le reitero a usted, señor Presidente y a este auditorio, que repudiamos estos comportamientos y que continuaremos en nuestra lucha franca por la transparencia y la ética empresarial.
A pesar del tristemente célebre episodio de Odebrecht, la locomotora avanza. No dejemos que las prácticas ilegales de una empresa -de una manzana podrida, como bien lo dijera en su momento usted, Presidente- borre de tajo lo que hemos logrado en menos de una década. No es momento de bajar la guardia. Por el contrario, debemos convencernos de que sí podemos sacar adelante los más de 40 billones de pesos de inversión presupuestada en los próximos años, para los 32 proyectos que componen las vías de última generación.
No olvidemos, señor Presidente que, sobre la licitación de este programa -el más grande en la historia reciente de este país- no se ha sembrado manto de duda alguno. No permitamos que unos cuantos funcionarios y una sola empresa, que nunca hizo parte de este programa de concesiones viales, nos priven de resaltar la importancia de estos corredores: estarán ellos al servicio de la economía, la conectividad, el desarrollo y la paz. Justos no deben pagar por pecadores.
La Cámara confía en la justicia y en las instancias de control. Dejemos que sean ellas las encargadas de fallar en derecho este crimen. Mientras eso sucede, los empresarios de la ingeniería mantendrán en alto su compromiso, en procura de mantener la dinámica de las obras.
La situación macroeconómica y fiscal y la bondad de las vigencias futuras
No podemos desconocer que el panorama económico ha acentuado la incertidumbre en relación al desarrollo de nuestro sector. Es cierto que, desde 2015 algunos de los fundamentales de la economía se han deteriorado. Pero también es cierto que la disciplina fiscal y el buen manejo de la política económica han logrado mantener la economía a flote. Esta no una tarea fácil, y más si se tiene en cuenta que la actual coyuntura fiscal, ha sido una de las más complicadas de los últimos tiempos.
Hoy, señor Presidente, podemos testificar que uno de los dividendos más importantes que deja el boom minero-energético es la infraestructura de transporte. Fue una decisión correcta. Los casi 100 billones de pesos reservados en vigencias futuras -incluyendo el aval fiscal para el Metro de Bogotá- son la confirmación de que su Gobierno apostó con toda a un sector clave para el repunte económico. Valga anotar, que el 60.7% de esas vigencias futuras, se ejecutará antes del 2026.
Defendemos y apoyamos con vehemencia las vigencias futuras, en cuanto garantizan la Colombia más eficiente y competitiva que habrán de heredar las nuevas generaciones y los próximos gobiernos. Presidente: no me canso de repetirlo, la infraestructura llegó para quedarse.
Por supuesto, al gremio le preocupa la capacidad de gasto del Gobierno Nacional Central, pues esta es una industria especializada en la provisión de bienes públicos de transporte y de alguna forma u otra dependemos de su capacidad de compra. Sin embargo, en épocas de vacas flacas, países como
España tomaron la decisión de concentrar su gasto en la planeación del futuro portafolio de proyectos de construcción. Similar tarea puede adelantarse entre nosotros, si destinamos recursos para la pre-inversión, vale decir, la estructuración de las obras del futuro. Ya están sugeridas en la carta de navegación del Plan Maestro de Transporte.
Medidas concretas contra la corrupción y una política para las PYMES de ingeniería
En su más reciente informe, orientado a escrutar el comportamiento contractual del sector durante la vigencia 2016, el Observatorio de Contratación de la CCI evidenció conclusiones alarmantes: 87% de los procesos mostraron únicas ofertas en los municipios, mientras en los departamentos el 71% corrió con idéntica suerte.
El fenómeno de la corrupción, cierra las puertas a las PYMES de ingeniería que tratan de sobrevivir y progresar en las regiones: Son ellas víctimas principales de las licitaciones amañadas, las que conducen a únicos oferentes. Grave asunto, porque son tales empresas, entre otras, las llamadas a construir la infraestructura del posconflicto a lo largo y ancho del territorio nacional. Dotémoslas de las condiciones para que ello sea posible.
La forma de hacerlo es mediante una política integral para ellas, que les permita crecer y financiarse, de la cual deben hacer parte los anticipos debidamente utilizados y custodiados, y la adopción de pliegos licitatorios, en los cuales no las ahoguen las exigencias de carácter técnico y financiero.
Todo esto, sumado a las nefastas secuelas de la corrupción, es precisamente lo que nos permite celebrar, con júbilo, la aprobación histórica, por parte del Congreso de la República, de la figura del pliego-tipo vinculante por Ley. Con el pliego-tipo, será posible garantizar la pluralidad de oferentes y evitar la desbordada discrecionalidad de algunos funcionarios, a la hora de confeccionar los procesos licitatorios de sus municipios y departamentos.
Estamos hastiados del efecto nocivo y corruptor del círculo vicioso política-contratación. El país entero lo está. Por ello, instamos a las cabezas de los entes de control, que nos honran con su compañía en este Congreso, para que lideren una reforma urgente y profunda que rompa en mil pedazos los vínculos claramente existentes entre el ejercicio de la política y la contratación corrupta.
La financiación ciento por ciento estatal de las campañas políticas, y la abolición de la costosísima e ineficaz circunscripción nacional para el Senado de la República, podrían ser los primeros pasos en la dirección correcta. También se hace imperativo acabar de un tajo con la costumbre perniciosa de canjear la votación de las leyes, por “puestos” con jugosos contratos. Dicha conducta lesiona las fibras más sensibles de la democracia y la confianza ciudadana en la rama legislativa y las instituciones.
No cabe duda de que hay que desburocratizar el ejercicio de la política, y perseguir con todo el rigor de la justicia a las mafias de la contratación, precisamente las que sin pudor alguno financian las campañas, para exigir a cambio los famosos contratos “hechos a la medida”.
Combatir la mala ingeniería
Por lo pronto, mientras se refinan los mecanismos de lucha contra la corrupción, es indispensable depurar la mala ingeniería. Al daño reputacional que ocasiona la corrupción a la ingeniería, hay que sumar el que resulta del mal ejercicio de la profesión. No podemos desconocer que, en la actividad ingenieril, particularmente en las obras públicas, es semejante el daño que resulta de un contrato de origen corrupto a aquel que es consecuencia del ejercicio deshonesto y poco ético de un contratista.
Esa ‘mala ingeniería’, -hoy enquistada en la contratación del Estado, pero afortunadamente minoritaria dentro del sector- debe ser erradicada de tajo. Para alcanzar este objetivo, además de fortalecer el proceso de
formación académica y ética de los futuros profesionales, es necesaria la aplicación eficaz, cuando a ello haya lugar, de las multas, sanciones y caducidades previstas en la Ley a los contratistas que apliquen esas malas prácticas; sin perjuicio, además, de las investigaciones con efectos penales, fiscales y disciplinarios, en los casos que así sea procedente.
El positivo efecto del INVÍAS
Está demostrado, sin embargo, que para combatir la corrupción solo hace falta voluntad política. El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, tiene todas las credenciales para corroborarlo. En los últimos años, puntualmente entre 2011 y 2017, la entidad ha adelantado 610 procesos de contratación; todos ellos, sumaron cerca de $9 billones de pesos y, óiganme bien, recibieron 29.057 ofertas, lo cual arroja un promedio de cerca de 50 propuestas por proceso, sin tacha alguna.
También merece especial reconocimiento, el trabajo realizado por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en cuanto adjudicó con gran éxito y transparencia los contratos de concesión y las interventorías del programa de la cuarta generación de concesiones viales; en total 20 proyectos de iniciativa pública con inversiones de $47 billones de pesos.
Nuestro compromiso ético
Presidente, somos conscientes de que la corrupción tiene dos caras: la pública y la privada. Por esta razón, desde principios de este año, el gremio ha liderado una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a garantizar que la revolución de la infraestructura se traduzca en la consolidación de una masa empresarial de talla mundial.
En un esfuerzo sin precedentes en América Latina, con apoyo de la IFC y la FDN, el gremio adelantó un ejercicio diagnóstico en el que participaron más de 380 empresas y cuyos resultados se presentaron en este Congreso.
Sin duda, el trecho por recorrer aún es largo. Pero, ya dimos el primer paso y continuaremos caminando para que las empresas de ingeniería cuenten con estructuras organizacionales modernas, a la vanguardia y
capaces de ofrecer las garantías que necesita el sector financiero para acompañarlas en la ejecución de sus proyectos, en la consolidación de su liquidez y su solvencia y en el diseño de una estrategia de acceso a tecnología, investigación y financiación para así ser mejores.
Señor Presidente: confiamos, por último, en que su gobierno dé pasos adicionales, para recuperar los ferrocarriles y la navegación fluvial, a fin de consolidar la plataforma de transporte intermodal, en la cual también deberán superarse los múltiples cuellos de botella logísticos que afectan, en materia grave, el trasbordo o el tránsito de las mercancías.
Las vías terciarias bien planificadas, y ejecutadas con transparencia, son elementos básicos del posconflicto. A propósito de la paz, sabe usted, que desde un comienzo nuestro gremio hizo votos en aras de lograr la concordia entre los compatriotas y dejar atrás la guerra cruenta y fratricida.
Gracias a usted y a su gobierno, por haber concurrido a este dialogo sin falta, durante ocho veces consecutivas, y por haberle apostado a la paz y a la infraestructura. Si bien los tiempos del sector se han retrasado frente a las previsiones que todos hicimos a comienzos del año, hay señales de que la locomotora habrá de recuperar el ritmo.
Todo, para consolidar la Colombia próspera e interconectada, con que todos soñamos.
Muchas gracias.
