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Uno de los fines esenciales del Estado colombiano, de acuerdo con la Constitución Política, es el de promover la prosperidad de todos los habitantes del territorio nacional, lo que a su vez se corresponde -o debería- con la estabilidad del erario. No obstante, el cumplimiento de dicho fin se ha visto minado por la aparición de una pandemia que parece atentar contra el sistema económico conocido, e incluso, según The Economist, con la globalización misma.
Como respuesta a los desafíos generados por el virus, los sistemas tributarios han tenido que implementar medidas tendientes al alivio de los contribuyentes, en quienes el deseo de defender su caja es el común denominador.
En efecto, Colombia no ha sido la excepción en la implementación de estas medidas que, en el caso particular, se han manifestado en asuntos como la implementación de un impuesto solidario, que grava con tarifas diferenciales los salarios de los servidores públicos superiores a $10 millones, con la modificación del calendario tributario y la presentación de las declaraciones, con la flexibilización en el cumplimiento de deberes tributarios como la presentación de la información exógena, con el subsidio de 40% del salario mínimo a la nómina de los trabajadores, y con la devolución del IVA al sector más desfavorecido.
A pesar del esfuerzo del Gobierno Nacional por salvaguardar la economía, las medidas mencionadas no serán suficientes si los contribuyentes no implementan una planeación tributaria eficiente, tendiente a la armonización de su utilidad con sus costos, a la estabilidad de su operación y a la protección de sus fuentes económicas. Lo anterior, sin perder de vista que al Estado no le corresponde subsidiar -inicialmente- las necesidades económicas de sus administrados, pues estos últimos, previo al otorgamiento de unos mínimos para competir en el sistema económico, deberán encargarse con sus propios medios de hacerle frente a esta crisis.
Con todo, el que se sienta en la capacidad económica suficiente para evitar acudir a los beneficios económicos y tributarios del Estado, deberá abstenerse de hacerlo o, de lo contrario, la subsidiariedad bienintencionada de aquél será insostenible corriendo el riesgo de desfavorecer a los verdaderamente necesitados. Es tiempo de que el grupo de colombianos tradicionalmente amigos de la informalidad, de la evasión tributaria y de la omisión del deber de contribuir, recuerden que las acciones irresponsables nunca han hecho parte de la fórmula para superar una crisis económica.
Sin duda, en breve se verá una tendencia a la mejoría económica, los mercados -como ha pasado en crisis anteriores- se recuperarán y el sistema económico será tan robusto como lo era anteriormente, y podrá concluirse que luego de las lecciones aprendidas, el “virus chino”, como lo llama Donald Trump, trajo consigo una necesaria inteligencia financiera y tributaria que ha debido ser adquirida por parte de aquellos que deseen perdurar.