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Situaciones como la actual dan pie para que nuestros líderes políticos se sientan presionados, y tentados, a resolverle todos los problemas a las personas, muy posiblemente con buenas intenciones, pero muchas veces yendo más allá de lo que resulta razonable o conveniente para la sociedad.
Un ejemplo sencillo de esto, es que para proteger a las familias de bajos ingresos y a la clase media de los posibles efectos regresivos de los impuestos al consumo, proliferan las exenciones en el IVA. El resultado ha sido que Colombia tiene uno de los indicadores de eficiencia en el recaudo de IVA más bajos del mundo, con el agravante que los grandes beneficiados de las exenciones no son los pobres sino los ricos que son quienes más consumen los bienes exentos. Lo anterior se repite una y otra vez en el diseño de la política pública en Colombia: las pensiones públicas dan subsidios a las personas de mayores ingresos, los subsidios a la gasolina benefician a quienes tienen carro y reducen el costo de contaminar, la exención del impuesto de renta a las pensiones beneficia solo a 20% más rico que sí logra una pensión, y así, muchos otros ejemplos.
La otra falacia a la que nos han acostumbrado los medios, las redes y nuestra clase política es que sólo los ricos deben pagar impuestos. Y aquí además, con una variante muy colombiana en donde rico es todo aquel que tiene más que yo y en consecuencia, yo no debo pagar impuestos. Este mensaje se ha exacerbado en las discusiones públicas de las últimas reformas tributarias y en múltiples fallos de las Cortes que por proteger en temas puntuales, termina por erosionar la calidad de la política pública en un todo.
Ninguna sociedad es viable si todos, y óigase bien todos, no contribuimos a la financiación de los bienes colectivos. De hecho, el inciso 9º del artículo 95 de la Constitución así lo ordena: “[]...son deberes de la persona y el ciudadano…[]contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.” Todo ciudadano debe sentirse responsable por financiar al Estado y en consecuencia también doliente de lo que el Estado hace con su dinero; esto último además sirve para moderar lo que le pedimos al Estado, pues entre más pedimos más tendremos que aportar para su financiación.
Hacer propuestas de gasto como si no hubiera límite de recursos es mentirle a la sociedad y generar falsas expectativas y muchas veces además, con fórmulas que a la postre terminan siendo peores, precisamente para esa población vulnerable que dice que se quiere proteger.
Las más reciente estimaciones del MinHacienda apuntan a que la deuda pública este año habrá aumentado un 30 por ciento o 15 puntos del PIB. Si en un hogar la deuda aumenta en una tercera parte, así sea para atender justificadamente una emergencia familiar repentina, una vez todo haya vuelto a la normalidad, la familia se encontrará con la necesidad de recuperarse y ajustar sus gastos para atender esa mayor deuda.
Esto es exactamente lo que nos está pasando como país y que requiere que nos sentemos con juicio a revisar las secuelas de lo sucedido y volvamos a fijar claramente nuestras prioridades. Cosas que nos parecían razonables hace tan solo unos meses, a la luz de la nueva realidad ya no lo serán.
El aumento de la deuda es otra consecuencia de la pandemia que debemos afrontar con decisión y con franqueza. El futuro de Colombia solo depende de nosotros mismos y no podemos esperar milagros o que otros vengan a salvarnos. Es urgente entonces, que se revisen exhaustivamente las prioridades de gasto público y que eliminemos aquellos que ya no tienen justificación y que dado el mayor endeudamiento, no podremos mantener.
La ciudadanía además, espera que del Congreso salgan propuestas responsables y sensatas que conduzcan a la recuperación de la actividad económica, del empleo y de los ingresos de las familias y no propuestas que nos pinten pajaritos de colores pero que no resuelven los problemas. ¡No es tiempo para populismo legislativo o demagogia!
