Aranceles a vehículos híbridos y eléctricos en Colombia y el discurso de transición energética

Uno de los estandartes anunciados sistemáticamente desde el inicio del actual Gobierno Nacional ha estado centrado en la transición energética y su interés de reducir las emisiones contaminantes en el país. De acuerdo con un estudio de Greenpeace de 2022, 78% de emisiones de partículas causantes del cambio climático en el país es explicado por los más de 17 millones de vehículos que circulan en nuestras carreteras, dentro de los cuales 60% corresponde a motocicletas y 39% corresponde a automóviles, buses, camiones, entre otros.

Desde 2017, a través del Decreto 1116 del 29 de junio de ese año, el gobierno del presidente Santos estableció una reducción substancial de aranceles para vehículos híbridos fijándolos a 5% y una exención para vehículos propulsados con motores eléctricos y sus respectivos sistemas de carga. Lo anterior, en línea con lo que en su momento el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior habría recomendado, en cumplimiento con los compromisos adoptados por el país durante el Acuerdo de París firmado en la COP21.

El decreto en mención establece un número máximo de vehículos importados que estarían amparados por esta medida: 1.500 unidades anuales de 2017 a 2019, 2.300 unidades para los años 2020 a 2022 y 3.000 unidades año desde 2023 y hasta 2027.

Resulta cuando menos sorprendente que el actual gobierno esté contemplando un proyecto de decreto que pretenda eliminar estos beneficios en la segunda mitad de su mandato, lo que a todas luces no es consistente con su discurso de transición energética. Lo que el país espera a todas luces es poder avanzar en un proceso gradual de reconversión del parque automotor a efectos de ir reduciendo la huella de carbono derivada de la emisión de gases contaminantes de los vehículos que ruedan por nuestras vías.

En la motivación del proyecto de decreto que hoy circula en la misma página del Ministerio de Comercio Industria y Turismo se sustentaría la medida en que la disposición a derogar no incentiva la producción nacional de vehículos con tales características, sumado al argumento según el cual los vehículos híbridos importados “no contribuyen significativamente a la reducción de emisiones contaminantes, a la reducción en el consumo de combustibles fósiles y a una mayor eficiencia energética”.

Los argumentos esgrimidos como sustento de una decisión de tal envergadura no parecieran coincidir con las necesidades del país. En primer lugar, no existe en Colombia a la fecha una planta ensambladora de vehículos híbridos o eléctricos que sea capaz de abastecer la demanda nacional.

Por el contrario, lo que hemos observado en los últimos años es la salida de importantes ensambladoras del mercado nacional. En segundo lugar, no pareciera razonable condenar al consumidor colombiano a ver cómo se encarecen los vehículos híbridos teniendo que pagar cuando menos $30 millones o $35 millones adicionales por cada $100 millones del precio del vehículo, porque supuestamente se estaría atentando contra un plan de reindustrialización de un sector que jamás ha producido vehículos híbridos o eléctricos.

En tercer lugar, reconocer que un vehículo híbrido no reduce emisión de partículas contaminantes es desconocer la naturaleza de la hibridación en cuanto a motorización de un vehículo. El país requiere una transición gradual que permita reducir emisiones progresivamente y la hibridación es la solución hasta no tener redes de electrolineras totalmente expandidas por el país para pensar en soluciones únicamente eléctricas. Por ello, es preciso advertir del riesgo del efecto exclusorio y explotativo que para la demanda de vehículos en el país podría derivarse de retomar aranceles de 35% para vehículos híbridos o eléctricos importados provenientes de países en los cuales no primera un acuerdo comercial específico.

Para 2024, según cifras de Andemos y el Runt, las ventas en vehículos eléctricos e híbridos en el país batieron las estimaciones representando la cuarta parte de las ventas en el país. A diciembre de 2024, de acuerdo con el informe disponible, más de 60% de las ventas de vehículos híbridos vendidos en el país estaba concentrado en cuatro marcas que, dependiendo del modelo del vehículo proviene de un país sin acuerdo comercial pasando así de gravar el precio del vehículo de 0% o 5% a 35%.

En el caso de vehículos eléctricos, más de 60% de las ventas estaría en dos marcas siendo la primera la que explica más de 50%. Así las cosas, el país requiere competencia en ese sector y los consumidores colombianos merecen poder elegir entre diferentes opciones, no solamente el automóvil o camioneta que pudiera necesitar como consumidor final, sino para el sector logístico, los diferentes camiones, otros vehículos de carga y opciones de transporte de pasajeros que pueda responder a las necesidades que requiere.

Ojalá que la técnica y el estudio cuidadoso de los mercados involucrados en el sector vehicular del país primen sobre el afán de establecer gravámenes arancelarios que afectan sensiblemente los objetivos de reducción de emisiones en el país. Si se planea modificar el Decreto 116 de 2017 que sea para generar más incentivos a la adopción de vehículos de bajas emisiones.