La deuda en el mundo, las recomendaciones de la Ocde y la realidad colombiana

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, publicó su Reporte Global de Deuda 2025. En este documento se hace una especial revisión al comportamiento de la deuda global durante 2024, resaltando lo importante que este mecanismo ha sido, permitiendo acceso a recursos de capital para gobiernos y compañías durante las dos crisis mundiales recientes, originadas por el subprime en 2008 y por la pandemia del covid-19 respectivamente.

No obstante, el informe subraya que, superada estas situaciones adversas para la economía mundial, la deuda debería estar dirigida a financiar inversión y apalancar crecimiento económico, en un momento de bajo crecimiento económico mundial, incertidumbre en los mercados por la situación geopolítica y macroeconómica, sumado al encarecimiento de acceso a recursos para algunos países que requieren adquirir nueva deuda con tasas de interés cada vez más altas. Esto, según advierte el informe, genera un incremento en la probabilidad de contemplar en un escenario de refinanciamiento de deuda.

Solo para citar algunos datos del informe, preocupa particularmente la manera en que empresas y gobiernos han acudido a financiar sus decisiones durante 2024. Durante ese año estos dos tipos de agentes habrían accedido a préstamos que totalizan cerca de US$25 billones, cifra que representa tres veces los mismos recursos solicitados en 2007.

Esta situación se agrava un poco más al revisar la evolución de tasas de interés de deuda y reconocer que en el último año el costo del financiamiento a nivel mundial se ha venido incrementando. Según el reporte de la Ocde en 66,7% de los países miembros, los pagos de intereses a la deuda como proporción del PIB se ha venido incrementando, alcanzando niveles cercanos a 3,3%. Esto significa que estos pagos de intereses realizados terminan estando por encima de rubros tan importantes como el gasto en defensa de los países miembros de esta importante organización de donde Colombia hace parte.

En cuanto al sector empresarial el reporte global resalta que, si bien la emisión de bonos de deuda se ha incrementado de manera notable en los últimos años, incluso estando por encima de su tendencia histórica en los últimos 15 años, la inversión no ha respondido de la misma forma. De hecho, en los últimos seis años, esto es desde antes de la pandemia, esta variable se habría encontrado por debajo de su tendencia de largo plazo. Una preocupante ausencia de correlación positiva que pone en entredicho la efectividad del señalado endeudamiento.

La pregunta central entonces frente a este diagnóstico, algo preocupante en materia de deuda en el mundo, es ¿qué hacer? El mismo informe reconoce la imperante necesidad que le asiste a los países de utilizar los mecanismos de deuda de forma estratégica y solo en situaciones estrictamente necesarias. La prudencia fiscal combinada con estrategias encaminadas a jalonar crecimiento económico y hacer uso eficiente del gasto público son un buen comienzo para empezar a recomponer esta situación.

Sumado a lo anterior, y en el marco de un momento en el que nos enfrentamos a un inminente cambio demográfico, y dados los esfuerzos a efectos de mitigar cambio climático en cabeza de cada gobierno del respectivo país, queda como lección para economías emergentes, centrar sus esfuerzos en apuntar a un mayor crecimiento y profundizar su del mercado de capitales, a efectos de poder contemplar mecanismos de endeudamiento a partir de recursos locales. Esto por supuesto se logra con un mercado de capitales lo suficientemente maduro y desarrollado, que sea de paso decirlo, es un desafío muy importante aún en nuestro país, sin demeritar los logros recientes en la materia.

Sin duda, este llamado de la Ocde a ser particularmente responsable en materia de gasto público y privado contrasta con las últimas noticias que en Colombia tenemos en cuanto a situaciones tan particulares como la salida de un Ministro de Hacienda y Crédito Público, por advertir que lo que requiere el país es limitar las decisiones de gasto público a partir de recortes al Presupuesto General de la Nación. Al respecto, la recomendación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, desde hace meses ha apuntado a reconocer la importancia de del cuidadoso ejercicio macroeconómico que debe realizar el gobierno de turno a efectos de mantener el firme compromiso como país de honrar la regla fiscal y por tal razón reconocer los bajos ingresos fiscales y proceder a hacer recortes del PGN en $40 billones para esta vigencia.

Como respuesta y contrario a lo propuesto por Carf tenemos día tras día ecos de noticias tan desafortunadas como aquellas declaraciones de funcionarios del gobierno, que justo al salir por decisión presidencial, deciden ventilar ante los medios en sendos documentales y entrevistas temas tan sensibles como que la meta de recaudo tributario del país presuntamente es utilizada en la actualidad como medio para mostrar falta de gestión y acelerar salidas del funcionario de turno cargo del recaudo de impuestos del país.

Más allá de las graves acusaciones, y a la luz de las recomendaciones de la Ocde a propósito del manejo cuidadoso y eficiente de nuestra finanzas en medio de un contexto internacional turbulento, nada ayuda al riesgo país y al acceso a mercados de deuda futura enviar una señal de un Gobierno que en su interior se encuentra fisurado, en conflicto por acusaciones entre miembros del equipo técnico, y a la par proyectando avanzar en una consulta pública que, según el mismo Gobierno, su implementación supera con creces los $500.000 millones como respuesta del Ejecutivo a una decisión legítima del poder legislativo, por cierto democráticamente constituido.

Todo lo anterior en un contexto en el que el manejo macroeconómico responsable pareciera absolutamente inviable de implementar por directriz presidencial. Ojalá escucháramos más a la Ocde y como sociedad nos concentráramos en buscar el crecimiento económico sostenido del país estimulando condiciones capaces de atraer inversión como un tema prioritario para solucionar y atender a todas las demandas sociales.