Sobre Plataformas y Salud en Colombia

En el 2003, dos importantes economistas franceses, Charles Rochet y Jean Tirole, este último premio nobel en economía, escribieron uno de los artículos más leídos y citados en la literatura microeconómica a fin de entender el funcionamiento de unos mercados que hoy resultan muy importantes: Platform Competition in Two Sided Markets.

El tema central, las muy sonadas plataformas que han permitido masificar las descargas de películas y series que vemos desde nuestros hogares, así como las ya convencionales formas de elegir un hotel o reservar un tiquete aéreo en metabuscadores, por tan solo citar un par de ejemplos. La clave, permitir el emparejamiento de dos puntas o tipos de mercados y lograr de manera efectiva y eficiente la asignación de recursos.

Quizás uno de los temas importantes y sensibles que garantiza la existencia de este tipo de plataformas que articulan lo que se reconocería, después de la producción del trabajo de Rochet y Tirole, como mercados de dos lados, es que la plataforma es entendida como un agente que compiten con otros de su misma naturaleza, pero que en su rol permite controlar los diferentes riesgos inherentes que en cada punta del mercado puedan surgir y de esta forma, lograr la puesta el funcionamiento exitoso de cada lado del mercado.

En Colombia, el diseño del Sistema de Seguridad Social y Salud en Colombia, con las tan nombradas y en mi concepto subvaloradas Entidades Promotoras de Salud (EPS) debe entenderse desde la perspectiva del artículo de Rochet y Tirole que acá señalo.

La esencia y razón de ser de estas entidades es ser los intermediarios de dos tipos de actividades totalmente diferentes y esenciales para lograr el adecuado funcionamiento del sistema: el aseguramiento de los ciudadanos para acceso al sistema, por un lado, y el emparejamiento de las necesidades del paciente con la oferta de servicios que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) pueden proveer para viabilizar todas las actividades tanto preventivas como asistenciales de tratamientos en salud.

Claramente, la función de aseguramiento en un país con 50 millones de habitantes es una tarea esencial, mucho más si se reconoce que cerca del 49% de los colombianos participa en el régimen contributivo del sistema de salud. La labor de evaluar riesgos y hacer el emparejamiento entre las necesidades en salud de los colombianos con la oferta de las cerca de 25.000 IPS resulta muy importante para el buen funcionamiento del sistema.

Con los anuncios recientes del Ministerio de Salud y Protección Social de una reforma estructural al Sistema de Seguridad Social en Salud, y sin conocer aún un texto completo, al menos preliminar de dicha reforma, diferentes funcionarios del Gobierno Nacional liderados por la señora Ministra de Salud, han anunciado la eliminación de la función de las 32 EPS que hoy existen y en tal sentido, proponen una delegación de la función de aseguramiento a comités regionales encargados parcialmente de suplir la tarea con la participación de las diferentes IPS quienes deberían entrar a diseñar un esquema de aseguramiento en salud, actividad completamente ajena a la labor que hoy desempeñan.

Frente a esta realidad, es innegable la necesidad urgente y apremiante de revisar y mejorar el sistema de salud en Colombia, pero como economista, es mi deber advertir la necesidad de previsión cuidadosa de hacia dónde ir en ese tránsito.

¿Cuáles son los fundamentos económicos que permitirían pensar que las funciones que hoy tienen a cargo las EPS como plataformas de aseguramiento las podrían hacer de una mejor forma comités descentralizados a nivel regional en el país u hospitales encargados de ofrecer servicios de salud? ¿Cómo mitigar riesgos de despilfarro de recursos y proliferación de riesgos de mala asignación de los mismos en este nuevo mecanismo dentro del sistema? Y finalmente una pregunta desde la lógica macroeconómica en materia fiscal: ¿Cuál es el impacto que sobre las finanzas de la nación podrían generar la reforma?

Según datos oficiales, el sistema de salud cuesta anualmente 87 billones de pesos, más de cuatro reformas tributarias, y representa la prestación de un derecho fundamental. Preocupa sobre manera contemplar una reforma sin que se haya dado un debate y se tengan cifras contundentes hacia la opinión de lo que costaría y el tránsito a ese sistema. Ya aprendimos en el país que los 50 billones a los que se refería la señora ministra sobre la deuda de las EPS con las IPS eran tan solo 23, de los cuales un alto porcentaje representaba cartera vigente, pero, más allá de eso es preciso ponerle números ciertos y analizar riesgos de una reforma como la que se anuncia.

Es apremiante contar con un documento borrador para hacer comentarios y evaluar si resultara mejor establecer una mejor y más eficiente regulación a las EPS antes que eliminarlas y proceder a arrancar de ceros un nuevo sistema sin consideraciones conocidas sobre ganancias de eficiencia y efectividad.

En este punto, la academia, estoy seguro, podría ser un espacio muy importante para revisar críticamente los límites y los alcances de la reforma sobre un texto pues en consideración, y sin duda alguna, los resultados de los debates y retroalimentación podrán ser más constructivos y brindará mejores elementos de juicio para el Gobierno Nacional que cualquier retroalimentación de uno o varios diplomáticos de otros países que puedan hacer sobre ideas generales de esta reforma.