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Uno de los flagelos más notorios y sensibles para América Latina, en donde Colombia está lamentablemente muy lejos de ser ajena, es la corrupción. De acuerdo con un reciente informe producido por Americas Society y el Council of the Americas, en asocio con Control Risks, en un análisis que tiene en consideración 15 países de América Latina y el Caribe que representan 92% del PIB de la región, durante 2022 Colombia ocupó la octava posición en un ranking en el que se evalúa la capacidad de cada jurisdicción para luchar de manera efectiva frente a este indeseable fenómeno que tantos efectos adversos genera en nuestra sociedad.
A través del índice construido con por lo menos 14 variables dentro de las que se incorporan aspectos tales como la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza del periodismo investigativo, el nivel de recursos disponible para combatir crímenes de “cuello blanco” entre otros, se puede observar cómo exitosamente Uruguay obtiene la mejor calificación de 7,42 sobre 10 puntos, frente a Venezuela con una calificación de apenas 1,63.
En su análisis, el índice califica al menos tres grandes categorías referidas a la capacidad legal, instituciones políticas y democracia y como tercera categoría a la sociedad civil y la prensa. Llama poderosamente la atención que de las cuatro mediciones de este índice para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, Colombia en los tres años iniciales venía marcando una reducción en su calificación global, con un pequeño y marginal repunte para 2022.
Como dato sobresaliente, en esta capacidad de lucha contra la corrupción en el país, es de reconocer los importantes avances logrados desde la sociedad civil y la prensa, factor que en el consolidado es el que más aporta positivamente al resultado final y en un análisis de solo ese factor nos ubicamos como el cuarto mejor país detrás de Uruguay, Chile y Argentina.
No obstante, en lo que tiene que ver con capacidad legal, el resultado de este indicador se acerca apenas a 75% de la categoría anteriormente referida ubicándose Colombia en una menos honrosa sexta posición luego de Costa Rica, Uruguay, Chile, Perú y República Dominicana en su respectivo orden.
En lo concerniente a instituciones políticas y democracia el país exhibe una desafortunada novena posición a penas por encima de Venezuela, Bolivia, Guatemala, México y Paraguay. Este último resultado ha sido consistentemente evidenciado por esta medición, mostrando una reducción persistente en las publicaciones realizadas de este componente de 2019 a 2022.
Dentro de las preocupaciones más importantes que la publicación menciona para el país se señala tanto independencia y autonomía de la Fiscalía General de la Nación y de la Contraloría General de la República para avanzar en sus investigaciones, como de aquellos mecanismos que permiten blindar las financiaciones de campañas electorales. Sin embargo, resalta la creciente conciencia de la sociedad civil de interiorizar este flagelo en aras de avanzar en manifestaciones cada vez más constructivas a efectos de construir una cultura de lucha contra la corrupción.
Sin duda este resultado obtenido en el país es consistente con un reciente estudio presentado por la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional, en el que muestra que entre 2010 y 2023 se registraron en Colombia cerca de 57.582 denuncias por presuntos actos de corrupción dentro de los cuales el 26% correspondía a peculado por apropiación, 24,6% contratos sin cumplimientos legales, 10% concusión, 9,8% cohecho para dar y ofrecer y 7,4% situaciones relacionadas con interés indebido en la celebración de contratos. El lector se podrá dar cuenta que hasta acá esta tipología representa no menos que el 77,8% del total de denuncias presentadas, de las cuales aún la impunidad sigue siendo un elemento que, a juicio de la señalada entidad de gobierno, continúa ampliamente preponderante.
Necesitamos desde la academia en representación de una de las aristas claves de la sociedad civil y desde iniciativas como las lideradas por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) persistencia en la implementación de todas y cada una de las acciones, planes y estrategias encaminadas en fortalecer nuestras instituciones de cara a lograr vencer y eliminar este flagelo en el país. Con pedagogía y un adecuado conocimiento de gestión del riesgo en la lucha contra la corrupción se puede avanzar en la construcción de una mejor sociedad.
