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El miércoles 26 de junio de este año medios de comunicación de todo el mundo centraban su atención sobre un presunto golpe de estado perpetrado contra el actual gobierno boliviano en cabeza de Luis Arce y hablaban sobre las implicaciones frente a la fortaleza de la democracia en ese país. Horas después, varias agencias de noticias reportaban la aprensión de quien fuera el cerebro del golpe en mención, el general Juan José Zúñiga, quien, en su calidad de comandante general del ejército boliviano, habría orquestado un plan para derrocar al actual presidente.
Los vaticinios de lo que puede estar pasando en Bolivia no se han hecho esperar. La oposición le ha endilgado al propio gobierno una estrategia en la que se habla de un autogolpe de Estado para incrementar la popularidad del actual mandatario, mientras que el gobierno se muestra como una víctima de grupos opositores que quieren atentar contra la democracia. Lo cierto es que la popularidad del gobierno de Arce no pasa por su mejor momento: al finalizar 2023, según la empresa Diagnosis Investigación Social Opinión y Mercado, la popularidad del mandatario boliviano estaría alrededor de 40%, con un rechazo cercano a 54,2% esta última cifra sugerida por un estudio realizado por CB Consultora en este último mayo. Así, las cifras son definitivamente complejas y desafiantes, más aún si se piensa en los retos y planes que el gobierno del vecino país debe enfrentar en medio de la difícil situación que enfrenta en materia económica.
Más allá de entrar a cuestionar el origen de este intento de afectación de la democracia boliviana, y sin ánimo de cuestionar si se trata de un autogolpe o no, quisiera en esta columna referirme a la situación en materia económica que vive Bolivia.
De acuerdo a datos del Banco Mundial, Bolivia es un país de cerca de 12,2 millones de personas, cifra que veremos actualizada con el Censo de Población y Vivienda que actualmente se está realizando en el país, cifra equivalente a 23% del total de la población en Colombia, con una extensión de 1.098.581 kilómetros cuadrados, lo que representa 96% de nuestro territorio continental.
Sin embargo, varias afugias enfrentan nuestros hermanos bolivianos en este momento: en primer lugar, una ralentización de su economía durante 2023, entre otras cosas como resultado de las manifestaciones de protesta por la postergación de la fecha de inicio del Censo de Población y Vivienda para este año. Sumado a ello las secuelas de la pandemia han dejado en el país una situación macroeconómica compleja: alta deuda pública, lo que se convierte en un freno para pensar en mecanismos que permitan la reactivación económica del país con recursos externos adicionales, reservas internacionales en niveles francamente bajos al pasar de US$3.796 millones en 2022 a US$1.709 en 2023, alcanzando con ello el nivel más bajo en 17 años, con las implicaciones que esto tiene sobre el mercado cambiario. A su vez, como parte de sus políticas de transición energéticas, una reducción en la producción y suministro de gas natural, una de sus principales fuentes de ingresos de exportaciones.
Esta situación ha llevado a que el año pasado a Bolivia se le haya imputado uno de los peores desempeños en materia de evolución de su riesgo país (Embi), si se tiene en cuenta que dicho indicador era de 564 puntos al cierre de 2022, pasando a más de 2.000 puntos a cierre de 2023. Sin duda este efecto cuadruplicador del riesgo es un mensaje de alerta que describe la compleja situación económica del país.
En materia fiscal al momento de escribir esta columna el gobierno boliviano no había suministrado cifras oficiales del déficit fiscal, pero se proyecta que el mismo haya pasado de 7,1% en 2022 a cerca de 12,1% en 2023. Por su parte, la escasez de dólares en la economía y las mismas dinámicas sociales han llevado a observar en el país una elevación inusitada de precios de muchos productos y desabastecimiento de otros que hacen parte de la canasta básica, lo que contribuye aún más a sumar tan presiones inflacionarias como expresiones de inconformidad frente a la situación económica del país por parte de buena parte de la población.
En medio de esta situación, existe un reto que va mucho más allá de debilitar o fortalecer un gobierno con muchas lecciones para que países vecinos aprendamos. Hoy Bolivia requiere del fortalecimiento de sus instituciones públicas, de reconstruir la confianza en los mercados, de retomar la soberanía energética y lograr construir certidumbre en muchas de las relaciones comerciales que hoy el vecino país está perdiendo. Una tarea titánica para el tiempo que Arce le quede en el poder será retomar el timonel de la agenda económica en Bolivia con todo lo que esto implica. Un ejemplo en la región al cual esperemos no tengamos que evocar recurrentemente y lamentarnos frente a lo que implica retomar la senda de crecimiento y competitividad para el país.
