¿Confiar en la Gestión del Riesgo?

Ante la crisis invernal en el país, especialmente las intensas lluvias e inundaciones en La Guajira y el Chocó, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1372 de 2024. Este decreto se emitió conforme a la Ley 1523 de 2012, la cual adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En su momento, la expedición de esta ley marcó un hito y fue necesaria debido a la falta de herramientas para enfrentar efectivamente este tipo de situaciones, después de la ola invernal de 2011 y 2012. Así, el Gobierno declaró la Situación de Desastre Nacional en todo el país por doce meses. No cabe duda de que el Gobierno está actuando en derecho, es decir, se cumplieron con los requisitos necesarios para hacerla, y se justifica el uso de todas las herramientas legales de la mencionada ley, aun cuando el tiempo parece excesivo.

Respecto a la declaratoria, claramente se presentaron efectos adversos en varios departamentos del país y el impacto actual, e incluso el futuro en el corto plazo debido a la ola invernal que aún persiste, supera la capacidad técnica y de recursos de la administración. De hecho, el decreto hace un recuento exhaustivo de todos los impactos y situaciones negativas como consecuencia de las inundaciones.

Asimismo, estos efectos negativos podrían presentarse en otros departamentos, por lo que es obvio y lógico que la Situación de Desastre Nacional se extienda a todo el territorio nacional.

Ahora bien, corresponderá a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) la elaboración del plan específico de recuperación de las zonas afectadas, con la intervención de los diferentes actores regionales, garantizando su participación. Para ello, se cuenta con amplias facultades, tales como el régimen especial privado de contratación, la urgencia manifiesta, la ocupación, demolición y expropiación especial de inmuebles, la imposición de servidumbres, la contratación de empréstitos, entre otras medidas extraordinarias. Además, se cuenta con el Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), que dispone de la considerable suma de 1.7 billones de pesos para atender la emergencia en la primera fase.

La pregunta que surge es si, dada la reciente situación de escándalos en la Ungrd, la abultada cifra y las facultades extraordinarias con las que se cuenta, el Estado, a través de sus diferentes instituciones y en particular la Ungrd, tiene la capacidad moral y técnica. En principio, debemos desear y pensar que sí. Necesitamos un Estado activo con las herramientas y capacidades para mitigar y solucionar la crisis. Por ello, hay que darle el beneficio de la duda al Estado y a los funcionarios encargados. No obstante, debemos estar vigilantes en el uso de los recursos y las facultades extraordinarias, pues no es lo mismo que un gobierno bien intencionado y no populista sea el encargado de su ejecución, a que lo haga un gobierno populista con intenciones de ganar las elecciones para continuar en el poder. Confiemos y creamos, por el bien de los damnificados y del país, que se usarán de manera adecuada los recursos y facultades, y no para fines politiqueros.