El combustible de la discordia

La economía ha estado estancada por un tiempo, en alguna medida por los choques internacionales y los ajustes para contener la inflación, pero sobre todo por la incertidumbre política y la falta de confianza inversionista. Sin embargo, los datos de los últimos meses indican que el estancamiento ha empezado a ceder. Pero, cuando veíamos un poco de luz al final del túnel, llega el paro camionero. Flaco favor nos han hecho los transportistas, aun cuando están en todo su derecho a protestar, siempre que no impidan la movilidad de los ciudadanos.

La realidad es que subsidiar el precio de los combustibles es inadecuado. Es un desperdicio de recursos que no tiene razón de ser. No es malo porque se esté subsidiando a los camioneros ricos, como dice el Gobierno, que no es el caso. Se están subsidiando todos los sectores de la economía en menor o mayor medida, y es malo por interferir con los mercados afectando los verdaderos costos, asignar recursos escasos de manera ineficiente, no usar recursos en inversiones productivas, desbalancear las finanzas públicas y fomentar un mayor consumo de combustibles, entre otras cosas. Razón le asiste al Gobierno en corregir tamaña aberración.

Lo que es francamente inaudito por parte del Gobierno del cambio es indicar que el problema es del Gobierno anterior, cuando claramente su responsabilidad empezó el 7 de agosto de 2022, momento en el cual pudo haber iniciado un ajuste gradual del precio del diésel, como lo hizo con la gasolina. Claro, después de haber ofrecido en campaña el oro y el moro, además de decir que no subiría los precios y satanizar su incremento como parte de su estrategia electoral en el “estallido social” de 2021, le quedaba muy mal subir los precios en las primeras de cambio en 2022. Ahora se le vino el problema y, a las malas, entendió que una cosa es hacer oposición y promesas en campaña, y otra es gobernar. Entendió que existen lógicas de mercado y de sentido común que van más allá de las inanes posturas ideológicas. Y, a pesar de ello, satanizó a los transportadores al principio del paro, como si ellos no tuvieran derecho a protestar, calificando su protesta como ajena al pueblo e injusta. Finalmente, le tocó ceder, y sin resolver del todo el hueco fiscal.

Por otro lado, no se puede aceptar que Ecopetrol, empresa de capital público y privado, venda sus productos por debajo del precio que obtendría en los mercados internacionales, en perjuicio de la lógica mercantil y de los accionistas minoritarios, y además cuando compra el combustible en los mercados internacionales para suplir el consumo que no alcanza a cubrir la producción nacional. Es elemental entender que Ecopetrol debe maximizar sus utilidades, y cada accionista podrá hacer lo que quiera con sus dividendos. Tampoco es adecuado que Ecopetrol financie los subsidios a los combustibles, sin intereses y contra sus propios recursos y necesidades de caja y financiación. En conclusión, se debería fomentar una verdadera competencia en el mercado de los combustibles y terminar con el aberrante y obsoleto Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y su fijación de precios, herencia de malas políticas estatistas.