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El resurgimiento de la economía ha sido muy importante. Después de una caída del PIB de -6,8% en 2020, se espera un crecimiento de 9,5% en 2021, lo cual significará, en términos generales, la recuperación del tejido empresarial y el empleo. En realidad, aun cuando las empresas recibieron ayudas del Gobierno nacional, a través del PAEF, PAP y líneas de crédito con garantías, muchas de ellas incrementaron su endeudamiento, lo cual afectará su capacidad de crecimiento y generación de empleo en el mediano y largo plazo e, incluso, dará lugar al inicio de procesos de insolvencia en el corto plazo.
Lo cierto es que altos endeudamientos no son adecuados, por lo que es necesario contar con mecanismos no solo de financiación, sino también de refinanciación de deudas de las empresas. Estos mecanismos son las emisiones de bonos (simples o convertibles) y acciones, que reperfilen las deudas y mejoren la posición patrimonial. De hecho, nuestra legislación permite la emisión de bonos y acciones de forma privada y pública, en el mercado principal o secundario, cumpliendo con las normas en cada caso. Estas normas, sin embargo, son muy restrictivas y obsoletas, lo que hace difícil y costosa la financiación e imposibilitan la desintermediación y la democratización del crédito y las empresas. En este aspecto, debemos pensar “por fuera de la caja”, por cuanto el modelo tradicional del mercado de valores no ha sido del todo exitoso. También, para aquellos deudores que se encuentren en reorganización, están los bonos de riesgo, que implican la conversión del pasivo en instrumentos negociables para su circulación de manera privada o pública.
Frente a este instrumento, se debe avanzar rápida y decididamente en ajustar las normas, para que los establecimientos de crédito puedan y quieran convertir sus acreencias en bonos de riesgo, sin tantas condiciones de concentración de riesgo, restricciones de inversiones y sectores y con normas específicas de tratamiento de las provisiones, el registro contable y la ponderación en el patrimonio. Así, inversionistas especializados, como fondos de capital privado, que deben ser también fortalecidos, podrían adquirir bonos de riesgo, adicionalmente a bonos y acciones, e incluso realizar titularizaciones, lo que al final del día significará reducir el nivel de endeudamiento y el costo del servicio de la deuda de las empresas. Todo ello debería contar con productos específicos del FNG, u otros actores, para garantizar parte de las emisiones, así como la posibilidad de participación masiva de actores no profesionales en el mercado secundario u otros mercados por fortalecer o crear.
De hecho, aun cuando se han presentado avances en las normas, estos no son suficientes; por ello, el proyecto de ley del mercado de capitales es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Llegó la hora de hacer una gran reforma de la legislación financiera, en particular la vigilancia de los emisores del mercado público del sector real, los fondos de capital privado, la creación y flexibilización de otros actores que fortalezcan el ecosistema de inversión y las emisiones privadas y públicas de bonos y acciones para que las sociedades, incluidas las pequeñas y medianas, cuenten con mejores y más flexibles herramientas de financiación en beneficio de todo el país.