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La Superintendencia de Sociedades es, sin duda alguna, una de las entidades más complejas del Estado. En particular se debe a la diversidad de competencias y funciones que se le han asignado con el paso de los años. Parece un árbol de Navidad, al que le van colgando adornos con el paso del tiempo. Por eso, además de las funciones de inspección, vigilancia y control, ha adquirido funciones en materia de soborno transnacional, conglomerados, régimen cambiario, lavado de activos y financiación del terrorismo, sociedades BIC, fondos ganaderos, intervención por captación ilegal, planes de autofinanciamiento y libranzas, entre otros.
Aunado a lo anterior, cuenta con funciones jurisdiccionales relacionadas con procedimientos mercantiles societarios y con el régimen de insolvencia. Las funciones administrativas y jurisdiccionales generan una dualidad de roles que debe ser manejada de una manera pulcra, particular e independiente. De hecho, la ley permite delegar todas las funciones de la Superintendencia que se aglutinan en cabeza del Superintendente en funcionarios de la Superintendencia. Así, una vez delegadas las funciones, el Superintendente debe respetar la independencia de sus funcionarios en la toma de decisiones. Cierto es, totalmente, en el caso de las delegaciones de funciones jurisdiccionales. En el caso de las delegaciones administrativas, aun cuando se presenta cierta independencia de los funcionarios, el orden administrativo exige una mayor coherencia, trabajo en equipo y discusión de casos particulares para la toma de decisiones entre los delegados administrativos y el Superintendente.
Respecto a las funciones jurisdiccionales, siempre me refiero en la Superintendencia a la “Muralla China” que debe separar lo administrativo de lo judicial, garantizando la independencia de los delegados con funciones jurisdiccionales frente al Superintendente. En términos generales, se discuten líneas gruesas de jurisprudencia y de servicio al usuario, sin entrar a discutir casos puntuales, reservados para la decisión libre y autónoma de los delegados con atribuciones jurisdiccionales.
Particularmente, la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia es la que más problemas presenta. El retraso y acumulación de procesos es palmario. Recibí en Bogotá 1.149 procesos. Ellos se dividían en 424 de reorganización en trámite, 444 de seguimiento a acuerdos firmados y en ejecución, 248 de liquidación y 33 de intervención. Se encontraban 212 pendientes de admisión. Esto requería un plan de choque serio y directo. En diciembre, apenas con 15 días de posesionado, trabajamos en los asuntos más críticos. Ya en enero, nos dimos además a la tarea de diseñar un verdadero plan de acción. Empezamos con delegar funciones jurisdiccionales en más jueces.
Igualmente, modificamos las resoluciones de delegación de funciones y asignación de competencias. Especializamos un grupo para que tramitara exclusivamente las admisiones a los procesos. Dividimos los grupos de liquidación y de reorganización en dos, para un total de cuatro grupos. Asignamos trabajos de manera especializada en dos asesores (transporte e intervención) y en el Delegado de Procedimientos Mercantiles (procedimientos especiales jurisdiccionales). Continuamos con los grupos de intervención, procedimientos especiales jurisdiccionales y seguimiento a acuerdos. En síntesis, hicimos los cambios administrativos necesarios para que no existan más cuellos de botella en admisiones y al momento del fallo. Así, en lugar de tener seis jueces fallando, tenemos once. Igualmente, haremos una nueva sala de audiencias y los grupos creados contarán con más personal.
Finalmente, desde el punto de vista de excelencia operativa, vamos a reformar los manuales de funciones de varios cargos de la Superintendencia para poder evaluar correctamente el desempeño de los funcionarios y contar, en caso de vacantes, con el personal preciso que requiere cada una de las posiciones. También reformularemos las alineaciones de cada grupo, conforme a que en un equipo “no es posible tener tres arqueros o tres centro delanteros”. Cada grupo, no obstante la planta global, será redefinido y ajustado en procura de un servicio más rápido y eficaz, conforme a nuestros valores institucionales. Esperamos medir con detalle los resultados de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia trimestralmente, para saber si los cambios realizados dan los frutos esperados o, sino, formular cambios adicionales, en beneficio de los usuarios.