La maldita corrupción

Estamos dejando de sorprendernos con cada nuevo escándalo de corrupción. La corrupción se volvió paisaje, el pan de cada día, de lo que todos hablan y que ya a nadie sorprende. La corrupción es tan grande y desbordada que los dineros no alcanzan. Se necesita una reforma tributaria para ajustar las cuentas fiscales y para poder seguir robando. Como decía el Ingeniero en campaña, tal vez si luchamos decididamente contra la corrupción los dineros alcanzarían sin necesidad de nuevas reformas. De hecho, una reforma tributaria de $50 billones golpearía seriamente el crecimiento económico, la salud empresarial y el bienestar de los hogares. Lo cierto es que estamos cansados de esta maldita corrupción y sus agentes. Parece que los grandes empresarios del siglo XXI son algunos políticos, funcionarios del Estado y sus allegados, quienes son los nuevos ricos, aquellos que vivían modestamente y, ahora, sin producir, tienen carros, casas y fincas.

Como diría un amigo, son los “enchufados”, aquellos que gravitan o están en el poder y aprovechan su posición o sus conexiones para, de manera ilegal e incluso legal, hacer negocios y enriquecerse a costillas de todos los ciudadanos. La desesperación por la corrupción es tan grande que incluso se presentan ideas distópicas para solucionar los problemas: buscamos el muerto río arriba o vendemos el sofá. Miremos por ejemplo al sistema de salud. El problema no es, como ahora se dice, el arreglo institucional, sino la corrupción generada por las mafias o carteles que se dedican a inventarse enfermedades y pacientes o inflan los costos para hacer cobros ilegales al sistema.

Esto ha llevado a cuestionar arreglos institucionales, que requieren mejoras, pero funcionan. Ahora se dice que las EPS son innecesarias y que el sistema de salud debería ser público. Tamaña tontería volver al seguro social, como si eso nos librara de la corrupción e hiciera al sistema de salud mejor y más eficiente. Por otro lado, en un arrebato irreflexivo y burocrático, el Gobierno nacional y el Congreso de la República decidieron darle funciones a la Contraloría para que hiciera un control preventivo y concomitante.

Tamaño despropósito y gasto innecesario en el que nos metieron. Este nuevo arreglo institucional, parecido al que se tenía antes de la Constitución del 91, no ayuda e incluso genera mayores posibilidades y mejores condiciones para que se presente la corrupción. Para no ir más lejos, el último escándalo del Ocad Paz, que está en investigación y que, de ser cierto, demostraría lo anterior y sería el pináculo de la sofisticada y rampante corrupción.

Con razón gusta tanto a algunos políticos la paz y su implementación, pues se crean las condiciones perfectas para esquilmar al Estado: mucho dinero, buenas y loables intenciones difíciles de cuestionar, supuestos controles preventivos y concomitantes y poca capacidad institucional para la aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos. Ojalá el nuevo Gobierno tome en serio la lucha contra la corrupción y no vaya a ser que las cosas continúen como están, pero con nuevos actores, o con versiones colombianas de los “bolichicos” o “boliburgueses”, también ávidos de ser empresarios y poder tener carros, casas y fincas, produciendo nada y a costillas de la ciudadanía.