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El consumo de drogas, que casi siempre termina en drogadicción, es una tragedia personal, familiar y social. Los individuos quedan atrapados y arrastran en un torbellino de problemas a sus familiares y allegados. Se desbarata la unidad familiar y se arruina el futuro de las personas, su capacidad para aportar a la familia y a la sociedad y, sobre todo, su proyección y felicidad personal.
No es un tema menor de política pública la legalización de las drogas, así desde el punto de vista económico pueda ser razonable para acabar el negocio. En Colombia, el consumo y el porte de la dosis personal fue aprobado por “la puerta de atrás” por la Corte Constitucional, con la interpretación del libre desarrollo de la personalidad, que para muchos resulta excesivo y atenta incluso contra el deber del estado de procurar la paz, la salud pública general, la convivencia y la armonía social.
De hecho, consumir drogas es una conducta reprochable, que atenta contra la propia vida, no genera ningún beneficio para el individuo y no desarrolla su personalidad. No obstante, los progresistas de izquierda, una y otra vez, han intentado legalizar el consumo y la comercialización de la marihuana para uso adulto, para volver este asunto inadecuado “normal”. También se han opuesto a cualquier forma de interdicción o control a efectos de combatir el microtráfico.
En 2016, el legislador consideró conveniente prohibir el porte y consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos, lo cual quedó incorporado en el Código Nacional de Policía. Cómo parte de la interdicción y control, el Gobierno Duque expidió en 2018 un decreto en el que se estableció el procedimiento que materializaba la prohibición de porte en espacios públicos de sustancias ilícitas, para controlar el microtráfico, pues los famosos “jíbaros”, o expendedores de drogas al detal, podían, sin control alguno, pasearse con una dosis personal para su venta.
Finalmente, el Gobierno progresista resolvió derogar el decreto y prácticamente dejó sin herramientas a la Policía Nacional, lo que es especialmente preocupante cuando la conducta se realiza en parques o espacios cercanos a colegios y a los niños. Lo cierto es que el consumo de cualquier droga es dañino y, en la mayoría de los casos, el consumo de marihuana es incluso la puerta al infierno de la drogadicción y el consumo de otras drogas.
Tampoco es correcto igualar el consumo de alcohol al de la marihuana, que tiene consecuencias muchísimo más profundas y catastróficas. Por esto, la prohibición no es un capricho, pues esta defiende a la familia, a la niñez y las buenas prácticas y costumbres de la sociedad.
De hecho, las políticas públicas y las normas pueden “invadir” la esfera privada o el “libre desarrollo de la personalidad”, prohibiendo el consumo, en la medida en la cual este sea considerado como inaceptable por la sociedad para la conservación de la paz, la salud pública general, la convivencia y la armonía social.
Afortunadamente, el último intento de legalización del uso recreativo de la marihuana se archivó y debería ser un mensaje para aquellos que insisten en la legalización, por cuanto la mayoría de la sociedad colombiana no quiere abrir esa puerta al infierno.