Libertad de prensa: bastión democrático

Es una verdad de Perogrullo, y tan obvio, que decirlo ofende la inteligencia. No obstante, hay que decirlo: la libertad de prensa es un bastión de la democracia. No se trata de un valor democrático que se pueda tomar a la ligera. Es un valor que debe defenderse permanentemente y, con especial ahínco, desde el primer albor de maltrato, limitación o censura, pues si se pierde será imposible de recuperar. La Constitución garantiza la libertad de difundir opiniones, informar y fundar medios, que son libres y no pueden ser censurados. Por supuesto que deben tener responsabilidad social y la información que difundan debe ser veraz, por lo que también se garantiza el derecho a la rectificación. Igualmente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, garantiza el libre pensamiento y expresión, lo que implica la libertad de difundir información de toda índole, sin censura, solo con controles posteriores y con una prohibición expresa a la restricción de estos derechos. En lo político, esto es de especial relevancia, aun cuando tiene formas diferentes de entenderse, si se trata de la prensa no oficial o la oficial, o el ejercicio de expresión e información por parte de funcionarios públicos o particulares. En el primer aspecto, la prensa libre cumple el rol de información para el control democrático de acceso al poder, en el marco de procesos electorales transparentes y libres, y la toma y control de las decisiones por parte de los funcionarios públicos. Al final, una ciudadanía informada es parte fundamental de un ecosistema apropiado para el acceso al poder y el ejercicio responsable de la función pública. Así, cualquier tipo de restricción sobre asuntos de interés público, de acceso al poder y de ejercicio de la función pública es intolerable y va en contra de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. La propia Corte Constitucional ha indicado que gozan de una protección especial el discurso político y los asuntos de interés público y el discurso sobre los funcionarios públicos o candidatos a ocupar cargos públicos. En el segundo aspecto, los funcionarios públicos y los medios oficiales deben tener mayor mesura y ponderación. Esta restricción o limitación no se predica de la persona, sino por el hecho de ser un medio público y del cargo y de las funciones que se ejercen. Por eso, el escrutinio público será mayor, al cual se exponen los funcionarios de manera voluntaria. También, el peso de sus palabras es mayor, por lo que su libertad de expresión se encuentra entrelazada, incluso limitada, entre su derecho a expresarse y su deber y poder de comunicar sus políticas y decisiones relevantes de manera responsable y ponderada. Pues bien, desafortunadamente, el Gobierno nacional no ha actuado de manera ponderada y responsable en la defensa y respeto de la libertad de prensa. Tampoco ha sido ponderado y responsable en sus manifestaciones hacia ella y otros temas de interés público. En conclusión, ha actuado por fuera del marco constitucional, incluso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tanto le gusta mencionar. No queda más que defender a los medios y manifestarnos en contra de cualquier intento de censura, lo que sería el principio del fin de la democracia.