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La confianza inversionista va cuesta abajo, lo que ha significado una reducción en la formación bruta de capital y la acumulación de patrimonio. Existen muchas razones que lo explican, como los anuncios inadecuados del Gobierno, las reformas en proceso, la inseguridad, la “Paz Total” y la reforma tributaria de 2022. Respecto a esta, el ministro de Hacienda reconoció que existen problemas fiscales estructurales y que una nueva reforma es inevitable. El ministro Bonilla ha indicado que no se trata de recaudar más, sino de distribuir adecuadamente las cargas entre personas naturales y jurídicas. Loable y adecuado el propósito, sin lugar a duda, en línea con lo indicado por la Ocde.
Lo anterior supone una reducción gradual de 35% a 30% de la tasa del impuesto corporativo y un cambio en los ingresos fiscales con mayores cargas a las personas naturales. No obstante, el diablo está en los detalles, específicamente porque cada punto de reducción significa $2 billones. Lo cierto es que seguirán cazando en el zoológico, con más impuestos a los que ya pagan, en lugar de que tribute la economía en la sombra, las entidades fachada sin ánimo de lucro y todos los colombianos personas naturales en alguna proporción. Además, se descarta el IVA universal.
De todas maneras, eso de no querer recaudar más suena a la fábula de Esopo del pastorcito mentiroso, donde la moraleja es que no se debe ir por el mundo abusando de la confianza y engañando a los demás. Claramente, la reforma tributaria anterior no recaudó lo planeado, en parte por el desempeño de la economía y, en otra parte, por la “peluqueada” de la Corte Constitucional, luego sí se requieren más ingresos.
Agrega el ministro, como si ello fuera el problema y la realidad, que las sociedades tienen muchos activos improductivos, especialmente activos de los socios, y que eso distorsiona la tributación. En realidad, las sociedades mercantiles no solamente están diseñadas para generar rentas, con empresas organizadas, sino que es legítimo su empleo para la tenencia de activos, como bienes muebles o inmueble, acciones, derechos, títulos, etc., especialmente si se trata de una sociedad por acciones simplificada, que además de ser una sociedad mercantil, puede realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. El problema no es la propiedad y los bienes improductivos, sino la aplicación del régimen de causalidad entre ingresos y gastos y la generación de ingreso gravado para el beneficiario, los cuales contemplan las normas.
Así, todo indica que se quiere revivir la renta presuntiva, institución altamente inconveniente y que costó erradicar. Con estos avances, la reforma preocupa, pues el impuesto de renta a las sociedades y a los dividendos debe ser visto y entendido como lo mismo. De hecho, reducir la tasa de renta a las sociedades y pasar la carga a las personas naturales, sin tratamiento especial para los dividendos, es hacer nada. Lo indicado es que la tasa combinada socio-sociedad no supere 40%.
Finalmente, el Gobierno debe reducir los gastos de funcionamiento y los subsidios inocuos, que generan dependencia y crean una trampa de pobreza, para así invertir en infraestructura, vivienda, educación e innovación y no cargarle más impuestos a los contribuyentes.