Construyamos sobre lo construido

Los últimos dos meses han estado acompañados de una discusión en torno a la reforma a la salud y los cambios estructurales que vivirá el sistema en el evento que ésta sea aprobada por el Congreso. Los ánimos se han caldeado ante la propuesta de eliminar la intermediación financiera y administrativa de las EPS, así como la implementación de un sistema eminentemente público, donde el manejo del recurso estaría en cabeza de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Adres. Actualmente, el país cuenta con un modelo de “aseguramiento social”, en el cual se integra la participación pública y privada para brindar cobertura de riesgos en salud a toda la población, sin distinción de su vinculación laboral o capacidad de pago. Mediante ese modelo se incorpora tanto a la población asalariada como a la población vulnerable, a través de los distintos mecanismos de acceso que dispone el sistema: régimen contributivo, régimen subsidiado, oferta pública y regímenes especiales.

En términos de cobertura, para el cierre del año 2021, Colombia alcanzó un poco más de 92%, lo que se traduce en una cobertura cuasi universal (Modelo DNPSalud, 2021) , si se tiene en cuenta que la población que falta por afiliar es menor a 8%.

En materia de recursos, se ha presentado un aumento drástico en el presupuesto desde el año 2010, como consecuencia de la unificación de planes de los beneficios en los regímenes contributivo y subsidiado, así como la actualización del Plan Obligatorio de Salud - POS, el cual implicó un incremento considerable del paquete de servicios básicos en las áreas de recuperación de la salud, prevención de la enfermedad y cubrimiento de ingresos (Modelo DNPSalud, 2015).

En cuanto a las características de la población, Colombia ha presentado una tasa de natalidad superior a la del continente y América Latina y el Caribe en conjunto; una esperanza de vida dentro del promedio latinoamericano y andino, y una tasa de incidencia de tuberculosis, población en riesgo y tasa de incidencia de Sida inferiores a los de América Latina y el Caribe (OPS. Situación de la salud en las américas- Indicadores básicos. 2015)

Sin desconocer que son varias las deficiencias y las restricciones que ha tenido el sistema desde su creación, entre esas la descentralización, la evasión y elusión, la calidad del servicio y, hoy por hoy, la atención de enfermedades desatendidas durante la pandemia por el covid-19, no se puede desconocer que la participación privada es fundamental en una economía de mercado y que históricamente el Estado, por sí solo, ha fracasado repetidamente al asumir funciones de aseguramiento, tal vez por desconocimiento o por falta de formación e infraestructura técnica. La centralización sobre el manejo del recurso y la eliminación de la intermediación pondría en riesgo el desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), la cual ha mostrado importantes avances en materia de disminución de brechas, mayor aseguramiento y mejores resultados en salud y política farmacéutica, pues plantea un esquema de prestación por medio de las Entidades Promotoras de Salud y consagra los mecanismos de protección mediante la articulación de los distintos agentes del sistema, entre los que se encuentran las EPS. Esa situación se traduciría en un desbalance, en la medida que se eliminaría un elemento determinante para garantizar el acceso a los servicios, el cual quedaría en manos de las secretarías de salud, a pesar de no ser agentes especializados del mercado asegurador y de no responder a la misma naturaleza y funcionamiento.

Es innegable que el sistema debe reformarse, pero no por ello acabarse, pues es necesario fortalecer los sistemas de información existentes, los mecanismos para la gestión del riesgo, y la red pública que juega un papel importante en la prestación del servicio y en la garantía del derecho fundamental a la salud. El problema no está en preocuparse más por la gente que por los dueños de la salud - si es que esa es la consigna de una eventual reforma - está en desatender las necesidades de los usuarios, mediante la eliminación de un modelo que, a pesar de sus problemas, nos ha permitido posicionar el sistema como un ejemplo para toda la región y sobre el cual vale la pena construir.