Los aires de reforma

La coyuntura electoral que vive el país no ha sido ajena a los asuntos pensionales, en especial, cuando nos enfrentamos a dos candidatos que pregonan constantemente un “cambio estructural”, en el que confluye, necesariamente, el cubrimiento de riesgos inherentes a la condición humana: la vejez, la enfermedad y la muerte.

Muchas cosas se han dicho en torno a la reforma pensional y sus efectos de cara a la sostenibilidad del sistema, esto, como consecuencia del déficit financiero que atraviesa el Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por Colpensiones, así como el traslado indiscriminado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - Rais, liderado por los fondos privados.

Más de un candidato a la presidencia propuso como alternativa la adopción de un sistema de pilares, en el cual ambos regímenes dejen de competir y en donde exista un pilar de dos (2) a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el cual funcionaria en Colpensiones y los ingresos que exceden ese número de salarios mínimos hacen sus cotizaciones a los fondos privados.

Para el año 2020 Colombia tenía cerca de 21,8 millones de afiliados tanto al régimen de ahorro individual como al sistema de prestación definida, de los cuales cotizaban al sistema únicamente 8,7 millones. (Departamento Nacional de Planeación, 2020).

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación, para el 2030 Colombia podría contar con 27,5 millones de afiliados y 13,4 millones de cotizantes. De esta misma forma, para 2050, los afiliados ascenderían a 30,4 millones de personas y los cotizantes aumentarían a 16,3 millones. Finalmente, para 2075, los afiliados serían 30,9 millones y el número de cotizantes ascendería a 18,4 millones (Universidad de los Andes, 2020. Escenario de ajuste al sistema pensional colombiano. Issn 1657-7191 Edición electrónica).

Esas cifras muestran que las afiliaciones al sistema van a aumentar, sin embargo, no tienen en cuenta el número de pensionados como elemento determinante a la hora de definir la viabilidad del sistema y la dinámica del costo fiscal a futuro.

Cuando el número de pensionados supere el número de cotizantes se generará un desequilibrio entre los gastos y los ingresos. Esto, sumado a la falta de correspondencia entre lo que se aporta y lo que se recibe por concepto de beneficio -pensión-, creando un sistema deficitario cuyas contingencias deberán ser cubiertas por el presupuesto general de la nación.

Colombia no ha sido ajena a esa realidad y desde hace varios años ha echado mano del presupuesto general para cubrir el pasivo pensional. Ante esta situación, los aires de reforma se han acentuado a tal punto que uno de los ejes centrales de los debates ha sido las pensiones y la importancia de reestructurar el sistema.

El famoso sistema de pilares que se ha propuesto como la única alternativa viable, sin tener en cuenta que, aún sobre la base de un salario mínimo, y no de dos (2) o cuatro (4), como plantean algunos candidatos, a medida que el número de pensionados aumente y el número de cotizantes decaiga, el déficit del sistema aumentará hasta volverse insostenible. De acuerdo con las proyecciones del modelo DNPensión, sobre la base de un salario mínimo, la dinámica implicaría que en 2075 Colombia enfrentaría una situación de 18,2 millones de cotizantes y 7,5 millones de pensionados, es decir, una relación de 2.4 cotizantes por pensionado, cuyos aportes no alcanzarían a cubrir el costo de la mesada pensional. Esta asimetría conllevaría a un déficit para el año 2075 y a un déficit más próximo (2030-2060) entre más salarios mínimos se incluyan en la variable (Departamento Nacional de Planeación, 2020).

Es por eso que, la propuesta del sistema de pilares debe acompañarse de otros cambios indispensables para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. No basta con eliminar el factor de competencia, detener el flujo del régimen privado al régimen público o unificar los criterios para el reconocimiento de los derechos, es indispensable que se disminuya el tiempo en el que se reconoce la pensión y se aumente el ahorro, lo que necesariamente se garantiza aumentando las edades de pensión, de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres, y aumentando la tarifa del 16% al 18%, en la misma proporción empleador – trabajador.

Lógicamente no son propuestas llamativas, con las que un candidato pueda ganar adeptos, sin embargo, obedecen a una realidad que no puede desconocerse y sobre la cual no se puede encontrar una solución a medias.