¿Salario mínimo diferencial?

Comenzó la puja del salario mínimo y con ello la antesala de lo que puede ser la reforma laboral y pensional del otro año. Según proyecciones del equipo técnico del Banco de la República, la inflación al cierre de año puede ser del 11.3%. En ese sentido, el aumento del salario mínimo puede oscilar entre el 13% y el 15%, si se tiene en cuenta el punto de productividad adicional que se suma al porcentaje de inflación.

Para nadie es un misterio que la discusión en torno al salario mínimo se da en medio de las fiestas de fin de año y de la “frescura” que caracteriza esos días. El ambiente decembrino y el afán de algunos por cumplir la fecha límite para la expedición del decreto que dispone el incremente deriva, en la mayoría de los casos, en un debate poco serio; a destiempo; sin estudios sectoriales ni empresariales; y sin la participación comprometida de los gremios.

Casi todos los años se repite la misma historia: Gobierno, empresarios y trabajadores confluyen en una discusión que pocas veces llega a un consenso. Los trabajadores, por un lado, presentan propuestas desmesuradas y desconectadas de la realidad económica del país y las empresas, por su parte, presentan una propuesta considerablemente más baja, con el único propósito de frenar las aspiraciones de su “contraparte”.

Lastimosamente no se tiene en cuenta el comportamiento global; lo qué se está haciendo en otros países de la región; o incluso otras fórmulas de reajuste del salario mínimo, distintas a las que se han venido adoptando durante décadas.

Una de las propuestas presentadas por la Misión de Empleo Colombia 2021, para garantizar el proceso de reactivación, es la implementación de un modelo de “salario mínimo diferencial” que se calcula en función de las regiones o sectores del país, así como del tamaño de las empresas y de su capacidad de pago.

Al respecto, valdría la pena preguntarse si en un país tan diverso como Colombia, en el que cada región tiene sus particularidades y distintos costos de vida, es conveniente tener un mismo salario mínimo y si esa diferenciación podría, eventualmente, favorecer la recuperación del empleo, si se tiene en cuenta que, al disminuir el costo operativo de las empresas, puede disminuir la informalidad, en tanto se generaría un estímulo en la contratación formal.

Igualmente, sería interesante analizar hasta qué punto ese esquema diferencial podría generar que las empresas ubicadas en zonas de mayor productividad migren a zonas de menor productividad, donde pueden acceder a mano de obra más barata, lo que puede traducirse en un aumento del desempleo en las zonas productivas, a menos, claro está, que se promueva constantemente la creación de nuevas empresas en las zonas productivas.

Actualmente, el salario mínimo se determina con base en las siguientes variables: inflación del año, productividad acordada, contribución de los salarios en el ingreso nacional, el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sobre esa base, para poner en marcha una propuesta como la del salario mínimo diferencial, habría que promover un cambio a nivel legislativo, en tanto el salario mínimo está sujeto a variables que son iguales en todo el país. Además, debe ir acompañada de un estudio exhaustivo, que involucre directamente la academia, así como los ejemplos de éxito en otros países, sin desconocer que el contexto nacional es sumamente distinto y que los casos extranjeros pueden servir como un criterio orientador.

Pero para ello se requiere tiempo y dedicación, así como un análisis profundo, es necesario dejar de lado el afán y el ambiente árido que caracteriza la discusión del salario mínimo, que en últimas termina zanjando el Gobierno, como una suerte de árbitro, con la expedición de una norma que por lo general no plantea otras salidas o alternativas y no deriva de un debate rico en argumentos, como debe ser, ante una coyuntura como lo que atraviesa actualmente el país.