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A menos de una semana de la posesión, son varios los interrogantes en materia de trabajo. La incertidumbre en torno a la designación del nuevo ministro ha generado toda una serie de reacciones y posiblemente ha reafirmado el desinterés de los gobiernos entrantes sobre esa cartera.
La coyuntura actual a causa de la pandemia y la contracción económica mundial deberían ser motivos suficientes para hacer del Ministerio del Trabajo la piedra angular en todo el proceso de reactivación y recuperación. Sin embargo, parece que la agenda está enfocada en otros asuntos y las pequeñas pinceladas que se han dado sobre la designación del nuevo ministro solo han generado más incertidumbre y temor en el empresariado.
Poco o nada se ha dicho sobre el informe final de la Misión de Empleo de Colombia 2021 y la postura que se adoptará de cara a los retos más grandes que afronta actualmente el mercado laboral colombiano: ampliar el sistema de protección social, mejorando su eficacia, incrementando el capital humano y fortaleciendo el cumplimiento de la Ley; y reducir los obstáculos que emanan de la regulación actual.
Como en otros países de América Latina, en Colombia la gran mayoría de empresas son informales y pequeñas. Más de nueve de cada diez empresas tienen entre uno y tres trabajadores y solo 72.000 tienen más de once trabajadores, a pesar de que la población ocupada supera los veintidós millones de personas. (Dane. 2021. Encuesta de Micronegocios)
Lamentablemente los trabajadores de las pequeñas empresas no gozan de las protecciones derivadas de la legislación laboral y de seguridad social contributiva; el alto costo de la formalidad, sumado a la desconexión de las normas frente a la realidad actual del país, contribuyen a que la articulación de la protección social gire alrededor del estatus laboral de los trabajadores.
El nivel de ingresos y la calidad de dependiente o independiente marcan la línea de la protección social, hecho que genera mayor segmentación y un obstáculo para que las empresas creen buenos empleos y aumenten su productividad.
No es una tarea fácil, pues el crecimiento económico, por sí solo, no puede reducir la informalidad. Colombia debe transitar hacia una visión donde la protección social sea igual para todos y donde se reconozca que las leyes laborales y de seguridad social deben adaptarse al hecho que somos una economía pequeña en el contexto mundial, sujeta a cambios inesperados. (Misión de Empleo. 2021)
De ahí, la importancia de contar con políticas públicas robustas y con una participación activa del Gobierno en el diseño e implementación de una reforma laboral estructural, donde el Ministerio de Trabajo tenga un rol protagónico y no se limite a ejercer funciones de inspección, vigilancia y control o a servir de puente para la entrega de subsidios, que en últimas terminan siendo un paliativo para tratar de frenar la crisis.
La persona que asuma las riendas del Ministerio de Trabajo deberá entender que bajo el “status quo” casi todos perdemos y que para generar un cambio se requiere un diálogo que involucre todas las esferas sociales, de lo contrario, el tejido empresarial se seguirá debilitando y el tejido social no contará con un esquema de protección responsable y sostenible.
El reto es muy grande, sin embargo, como bien lo señala nuestra Misión de Empleo C Colombia 2021, los beneficios para Colombia serán mucho mayores.
