Golpe a la vivienda rural

La semana pasada el campo colombiano recibió un nuevo golpe como consecuencia de la caída del proyecto de ley de vivienda rural en la Cámara de Representantes. El resultado se da por una combinación de celos y competencias partidistas, afán de protagonismo del gobierno, y representantes que parecieran querer jugar en contra de los intereses de sus departamentos. Ante el hundimiento del proyecto que buscaba transformar las condiciones de vivienda en las zonas rurales, el gobierno promete nuevas normas que corrijan el daño.

Algunas cifras ilustran la necesidad de iniciativas como la señalada. Los avances del país durante la última década en materia de reducción de pobreza son muy desiguales a lo largo del territorio. Mientras en las zonas urbanas la pobreza multidimensional en 2018 era de 13,8%, en los centros poblados y zonas rurales dispersas este indicador llegaba a 39,9%.

En estos resultados juegan un papel esencial las condiciones de la vivienda, ya que para 58,6% de los hogares rurales esta no garantiza estándares mínimos de calidad de vida, cifra que es apenas 9,6% en los hogares urbanos; ¡casi cincuenta puntos porcentuales de diferencia!

Las desigualdades regionales son abrumadoras y los esfuerzos para cerrar brechas han sido incipientes. La debilidad institucional, un presupuesto escaso, y una normatividad que desconoce las heterogeneidades del territorio colombiano hacen que la ejecución de programas como Vivienda Rural, en cabeza del Ministerio de Agricultura, sea muy precaria.

El proyecto de ley hundido la semana pasada buscaba facilitar el acceso, construcción y mejoramiento de la vivienda rural, reconociendo las particularidades de los territorios, y haciendo especial énfasis donde los niveles de pobreza son más altos. Elementos como el enfoque territorial y la posibilidad de desarrollar sistemas de construcción acordes con las necesidades de los habitantes y sus posibilidades económicas, eran algunos de los ejes articuladores del texto.

El año pasado, cuando se radicó el proyecto, gobierno y representantes de varios partidos se sumaron para la foto. Pero luego empezaron las trabas para ponerlo en el orden del día, la búsqueda de prebendas a cambio de apoyos, y el desdén del gobierno por tratarse de un proyecto de origen en la oposición. Al final aparecieron las presiones para dejarlo morir y el golpe definitivo se dio la semana pasada cuando se votó negativamente sin que siquiera se abriera el debate.

Desde el ejecutivo se anuncia que otra ley viene en camino. Sigue pendiente incorporar una adecuada redistribución del presupuesto de vivienda y una priorización con criterios como aquellos contemplados en los programas de desarrollo con enfoque territorial. También queda pendiente atender las zonas rurales dispersas, así las escasas concentraciones poblacionales en ellas hagan que sean poco atractivas para algunos políticos y funcionarios.

Hasta que esa transformación no se dé, la vivienda rural seguirá siendo moneda de cambio para pagar favores políticos, y las regiones más pobres, donde las brechas son más evidentes, seguirán en la marginalidad y con una profunda falta de atención del Estado. Como bien se sabe, estas condiciones han sido aprovechadas una y otra vez por los actores violentos.

Difícil pensar que hundiendo proyectos en favor de la vivienda rural se contribuye a la paz del país y al bienestar de la población.