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El desempeño de Colombia en los análisis comparativos de competitividad sigue siendo afectado negativamente por una débil institucionalidad, que se traduce en la ausencia de reglas de juego claras para empresarios locales y extranjeros. A las dificultades existentes en materia de infraestructura, operación logística, capital humano y las conocidas fallas en el sistema tributario, se suman dos aspectos que ponen en riesgo los esfuerzos para mejorar la competitividad del país: el funcionamiento del aparato judicial y los altos niveles de corrupción.
La incapacidad del Estado de atacar estos fenómenos afecta especialmente la operación de las empresas pequeñas y medianas, al tiempo que desincentiva a nuevos inversionistas interesados en incursionar en el país. Los datos son devastadores: los niveles de credibilidad en la justicia colombiana son extremadamente bajos, apenas comparables con aquellos de México, Filipinas, Rusia y Turquía, todos ellos exponentes globales de la ausencia de un Estado que funcione bajo la lógica del imperio de la ley.
Las tasas de impunidad, congestión en los despachos judiciales y los requerimientos para exigir el cumplimiento de contratos, dejan a Colombia con un sistema judicial lejos de los estándares necesarios para considerarse como una garantía y un elemento de competitividad.
Más aún, las grandes heterogeneidades del país en cuanto a la presencia del Estado a lo largo del territorio hacen que tal situación sea incluso más precaria en las regiones periféricas. Allí, la penetración de intereses económicos y políticos, y la presencia de actores armados con capacidad de intimidación sobre los funcionarios públicos, incide notablemente en el funcionamiento de la justicia.
Por otro lado, estos problemas del sistema judicial en Colombia van de la mano con el creciente fenómeno de la corrupción. Aspectos como las ayudas públicas orientadas a favorecer a ciertas empresas, con criterios totalmente subjetivos y que se traducen en la promoción de conductas anticompetitivas, fueron identificados en el estudio reciente del Externado relacionado con este flagelo.
Prácticas como las de Interbolsa, que le permitieron evadir los mecanismos de control corporativo y los principios del buen gobierno, así como legislaciones fiscales y regulaciones financieras demasiado laxas, ponen en la agenda la necesidad de atacar este fenómeno desde múltiples ámbitos.
Ruíz, Gabriunas y González, por ejemplo, identifican que la promoción de la ética empresarial y el compliance son mecanismos idóneos para atacar la corrupción, el soborno transnacional y la administración desleal. Estos esfuerzos desde la empresa privada pueden contribuir a impulsar la competitividad a partir de tener reglas claras para todos los actores.
Por otro lado, desde la ciudadanía, la votación masiva en la pasada consulta anticorrupción fue una manifestación contundente de la necesidad de desarraigar esta práctica. Pero dicha votación contrasta con el estado incipiente de avance legislativo de los proyectos asociados a los temas de la consulta.
De esta manera, una verdadera apuesta por la competitividad en Colombia debe tomarse en serio el fortalecimiento institucional. Con una justicia inoperante y de baja credibilidad, así como una corrupción arraigada a múltiples formas de relacionamiento, será imposible aspirar a las condiciones que exigen las inversiones locales y foráneas, y que son imprescindibles para el desarrollo económico.
