MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Luego de meses de confinamiento, protestas en varios países, crisis económica y respuestas inadecuadas de los gobiernos de la región, el más reciente Latinobarómetro presenta una imagen preocupante del estado de la democracia en estos países. América Latina no es ajena a la amenaza global de un creciente autoritarismo y, según datos del informe, la situación de Colombia es especialmente frágil.
Un primer indicador a tener en cuenta es el apoyo a la democracia a nivel regional que, llegando a 63% en 2010, venía cayendo de manera sostenida y se estabilizó en 2020 en 49%. Sin embargo, contrario al comportamiento de los demás países, en Ecuador, Panamá, Honduras, Venezuela y Colombia se manifiesta una caída en esta cifra.
Un segundo indicador es la satisfacción ciudadana con el desempeño de la democracia, lo que permite medir los superávits o déficits democráticos (diferencia entre apoyo a la democracia y satisfacción con esta forma de gobierno). En la región este indicador también venía cayendo de manera continua desde 2009 y, al igual que en el caso anterior, se estabilizó en 2020 alrededor de 25%. No obstante, en países como el nuestro, Perú y Ecuador, la tendencia a la baja continúa.
Así, durante los últimos años, en Colombia no solo ha perdido fuerza el apoyo a la democracia, sino que, adicionalmente, alcanza un mayor número de ciudadanos inconformes con este sistema. Sumado a lo anterior, el estallido social ha hecho que el escenario sea aún más crítico para el país. De acuerdo con el informe: “Colombia pierde 11 puntos porcentuales de apoyo a la democracia desde antes de las protestas de 2019 y luego de la reanudación de las manifestaciones en pandemia queda en una situación frágil, con baja satisfacción (17%), alto número de no demócratas (57%) y casi la mitad (47%) que dice que no le importaría un gobierno no democrático”.
El debate político de cara a las elecciones del próximo año debería tomar en serio estas consideraciones
A la luz de este diagnóstico, resultan de especial cuidado la percepción sobre la libertad para participar en política (donde el país ocupa el puesto más bajo en la región), la libertad de expresión, las consecuencias negativas por expresar opiniones y las garantías sociales y económicas.
Así, la desconexión de las autoridades con las aspiraciones democráticas de la ciudadanía que hemos visto recientemente no ha sido gratuita. La incapacidad para escuchar, dialogar y acordar agendas de trabajo, sumada a la tolerancia con fenómenos arraigados como la corrupción, genera cada vez mayores frustraciones con la democracia y nos hace vulnerables a los vientos autoritarios que corren por el mundo.
Por un lado, se requiere corregir la distancia enorme entre ciudadanía y autoridades, de tal manera que la política pública realmente responda a las necesidades y expectativas ciudadanas, más aún cuando hay porcentajes tan grandes de la población insatisfechos con lo que provee la democracia. En paralelo, será necesario prestar especial atención a las tendencias autoritarias de diferentes candidatos y grupos políticos, y evitar la práctica usual de erosión democrática apalancada en mecanismos democráticos.
La democracia requiere de su permanente defensa, y el estado al que hemos llegado recientemente en el país está lejos de permitirnos tranquilidad sobre su evolución.