2022: Punto de quiebre

Este año inicia con retos en materia económica, social y política.

En términos económicos, estos, deben implicar una gestión macro que favorezca la generación de empleo, el crecimiento económico, una inflación baja y estable y una tasa de cambio competitiva.

En materia social todos los esfuerzos del gasto público deben encaminarse a la reducción de la pobreza, la satisfacción de las necesidades colectivas, mejorar la distribución de la riqueza, priorizar las necesidades de las regiones, la generación de oportunidades y el cierre de brechas en favor de la equidad.

Revisemos en especial los retos económicos que de llegar a sortearse de buena manera generarán resultados en materia social. En este 2022 el dólar es nuevamente protagonista por varias razones; la primera por su arranque por encima de $4.000 pesos y con este valor su transmisión directa en los costos de las empresas y el costo de vida para los hogares. En segundo lugar, por la producción de petróleo por debajo de 800.000 barriles día, que implica que el dólar se mantenga cercano a los $4.000 pesos. En tercer lugar, por el posible incremento de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos que favorecería que algunos capitales vayan en búsqueda de esos mejores escenarios y, finalmente, el escenario político incierto que marcará también el futuro del dólar de la economía colombiana.

En materia de empleo la agenda debe seguir siendo la recuperación total de los empleos prepandemia y la formalización tanto laboral como empresarial. Las cifras con corte a noviembre de 2021 reflejaron que teníamos cerca de un millón de ocupados menos que en noviembre de 2019, más de 300.000 desocupados adicionales y cerca de un millón de personas más en edad de trabajar. Estos datos de empleo aún no se compaginan con los de producción. La recuperación de la economía es evidente: en 2021 crecimos por encima del promedio de América Latina, siendo una de las economías más dinámicas y marcando profundas diferencias con el período de pandemia, y con variaciones positivas prepandemia. En este mismo sentido, el 2021 cerró con una excelente noticia en términos de incremento del salario mínimo, un gran esfuerzo de acuerdo por parte de sindicatos de trabajadores, gobierno y gremios de empresarios. Esfuerzo y mensaje que todos aplaudimos, dados los momentos tan complejos que ha tenido que liderar el gobierno, sortear los empresarios y vivir los hogares; sin embargo, este ha sido opacado prematuramente por lo que viven las familias con los incrementos de precios de este comienzo de año.

De acuerdo con los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane sólo 16,5% de los ocupados en Colombia reciben un ingreso equivalente al SMMLV, alrededor del 20% de los ocupados devengan menos del salario mínimo y el resto de la población (casi un 63%) ganan más de 1 SMMLV. Esto indica que, a pesar de que el incremento salarial llevó el salario mínimo al millón de pesos, solo cerca de 3.500.000 colombianos rigen sus ingresos por este valor, lo que puede implicar que el ingreso de la mayor parte de la población suba por debajo del 10% para evitar efectos inflacionarios. A esto se suma que las cifras de noviembre muestran que solo 35% de los ocupados en Colombia cotizan a salud y a pensión como contribuyentes, situación que refleja que la formalización y las condiciones laborales para el 65% de los ocupados tampoco les incrementa directamente su ingreso.

Es claro que, un asunto es que se incremente el salario y otra muy distinta que las familias aumenten su poder adquisitivo, situación que por los precios recientes no es evidente y no logra el respaldo esperado a un esfuerzo de tal magnitud y a un liderazgo asumido por el gobierno por un incremento histórico del salario mínimo. Mientras que las personas de a pie en su día a día no sientan que esos esfuerzos transforman su realidad y mejoran su calidad de vida, será complejo que se entienda que el país definitivamente va mejor.

Ante el escenario anterior de aumento generalizado de los precios (inflación), al Banco de la República no le quedará más camino que incrementar las tasas de interés durante los próximos meses en búsqueda de controlar la inflación, pero encareciendo el costo del capital para la inversión y el consumo, lo que acarreará menor crecimiento económico y menor capacidad de endeudamiento para personas, empresas, municipios y departamentos; situación que afectará, así mismo, la inversión en las regiones y el impulso a su competitividad. Adicionalmente, tenemos una de las monedas más devaluadas de las economías emergentes y una deuda pública cercana al 63% del producto interno bruto (PIB).

El panorama no está despejado pero nuestra situación no es muy distinta a lo que ocurre en la región y el mundo. Sin embargo, estoy convencido que pese a las dificultades será un gran año en el que el gobierno actuará con hechos y aunque es el cierre de administración en un escenario de incertidumbre política, primará la racionalidad del gasto público, la prudencia en el nivel de endeudamiento y la eficiencia en la política social.